El Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a producir al Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) el Informe FTI, documento que analiza la enmienda propuesta al contrato entre Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Dicha enmienda busca reemplazar los incentivos por ahorros que benefician al consumidor con un aumento de $110 millones de dólares en pagos a Genera PR.
El proceso judicial comenzó el 9 de junio de 2025 cuando el ICSE presentó un recurso judicial, luego de haber realizado múltiples requerimientos al NEPR por los últimos dos meses.
La sentencia de la juez María Cabrera Torres hace constar lo siguiente: “Continuar retrasando la divulgación del Informe FTI lacera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho de acceso a la información, y contraviene la política pública del Estado de promover la transparencia y facilitar el acceso a la información pública”.
Fernando E. Agrait, director legal del Instituto, expresó su satisfacción con el resultado: “Este caso es una reafirmación del derecho a acceso a información como mecanismo para hacer real la participación de los ciudadanos y la evaluación de la gestión pública en una democracia. Más allá de los principios constitucionales que invoca el Tribunal, la política pública energética exige un grado de participación ciudadana en la toma de decisiones en manos del Negociado de Energía. Esto no es posible sin acceso a la información”.
El ICSE ha sido consistente en su oposición a la enmienda del contrato de alianza pública-privada Genera PR y AEE promovida por la administración de la gobernadora, Jennifer González Colón, argumentando que la enmienda carece de controles financieros adecuados.
Además, la organización alega que el eliminar el modelo de incentivos elimina controles operacionales y gerenciales importantes.
Para ICSE el proceso de la revisión contractual debe responder a “un modelo de práctica democrática. Esto trasciende el proceso electoral. Hablamos de acción democrática como acción real, teniendo al ciudadano y organizaciones como el ICSE como operadores y promotores de soluciones reales”.
“Este caso es un paso importante en el derecho de los consumidores que ICSE continuará con una participación con fuerza en el proceso de determinación de la nueva tarifa eléctrica”, concluyó Agrait.
Sobre ICSE
El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) es una organización sin fines de lucro educativa y exenta bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal. Su misión es investigar, educar y coordinar alianzas estratégicas para abogar por reformas de infraestructura pública que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar socioeconómico de Puerto Rico. Procuramos ejecutar actividades, programas y acciones de interés público con resultados positivos medibles y validados.