La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) formalizaron la firma de una enmienda a su acuerdo de colaboración para reforzar los esfuerzos dirigidos a procesar los conductores que infringen las leyes contra el manejo en estado de embriaguez.
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El acuerdo, correspondiente a este año fiscal federal 2024-2025, cuenta ahora con un presupuesto total de $1.9 millones de dólares tras la reciente asignación de $172.3 mil adicionales.
La firma fue realizada por el director ejecutivo de la CST, José “Memo” González Mercado, y la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, quienes destacaron la importancia de esta alianza interagencial para proteger la vida y seguridad de todos los usuarios de las vías públicas.
“Este acuerdo consolida nuestro compromiso con erradicar la conducta irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol. Gracias a esta asignación de fondos, podremos continuar fortaleciendo los procesos judiciales y asegurar que quienes violen la ley enfrenten las consecuencias correspondientes”, expresó González Mercado.
Por su parte, Gómez Torres subrayó que “esta asignación de recursos adicionales resulta fundamental para reforzar las iniciativas del Departamento de Justicia enfocadas en la prosecución rigurosa de los casos de manejo de vehículos en estado de embriaguez, en cumplimiento con todas las leyes estatales y regulaciones federales”.
El propósito principal de este acuerdo es fortalecer la investigación y el procesamiento de delitos de tránsito, particularmente aquellos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas. A través de este, la CST transfiere fondos al DJ para la contratación de fiscales especiales y personal de apoyo legal que atiendan de forma exclusiva estos casos.
Además, el acuerdo contempla la coordinación de esfuerzos conjuntos entre ambas agencias, como el intercambio de estadísticas, adiestramientos especializados y campañas educativas, con el fin de prevenir este tipo de delitos y aumentar la efectividad de su procesamiento en los tribunales.
Este proyecto es financiado mediante fondos federales asignados por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), los cuales están destinados exclusivamente a iniciativas que promuevan la reducción de la incidencia de conductores ebrios y fortalezcan la aplicación de las leyes de tránsito.