La jueza federal Silvia Carreño-Coll cuestionó duramente la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos graves de soborno y fraude contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, y sus coacusados, para imputarles únicamente un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), al tiempo que denegó una petición para una vista virtual.
“La pena por violar esta sección es un simple tirón de orejas comparado con lo que enfrentaban antes”, expresó la jueza en su orden emitida este martes, aunque aclaró que, constitucionalmente, el tribunal no puede intervenir en la discreción fiscal.
Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes inicialmente se exponían a hasta 20 años de prisión por un esquema de soborno para destituir a un regulador bancario en 2020, ahora enfrentan un solo cargo por aceptar aportaciones de extranjeros a campañas políticas.
Según reportó Bloomberg Law la semana pasada, la reducción de cargos surgió tras directrices de altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, que ordenaron un acuerdo menos severo con los acusados antes del juicio pautado para agosto. El medio destacó que abogados defensores argumentaron que el caso representaba un ejemplo de persecución penal politizada (“weaponized prosecution”), lo que habría influido en la decisión de la fiscalía federal de cambiar de rumbo. Uno de los abogados defensores es Christopher Kise, quien fue parte del equipo legal del expresidente Donald Trump. Kise representó a Trump en casos de alto perfil, incluyendo la investigación de documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago y demandas sobre su negocio en Nueva York. Kise se integró a la defensa de Herrera Velutini.
La jueza denegó la solicitud de los acusados para comparecer por videoconferencia y ordenó que las vistas de lectura de cargos y alegación de culpabilidad se realicen de manera presencial. En su decisión, enfatizó que, aunque se trate de un delito menor, “es un acto que lacera la integridad de nuestro proceso democrático y representa un ataque directo a un principio fundamental de nuestra sociedad: elecciones libres y justas”.
Las partes tienen hasta el 15 de julio para presentar un calendario conjunto para las vistas. El acuerdo surge tras reportes de que altos funcionarios en el Departamento de Justicia federal ordenaron a la Fiscalía en Puerto Rico cambiar de rumbo en el caso, generando controversia sobre la independencia del proceso penal y el futuro político de la exgobernadora.