Del CPI.
El fondo de $750 millones que el gobierno de Puerto Rico separó para adelantar dinero para proyectos de reconstrucción expiró el 30 de junio. Aunque pocos municipios lo utilizaron, el fondo –con dinero estatal– pretendía ser una salvaguarda adicional ante la falta de liquidez económica.
La gobernadora Jenniffer González presentó una medida de administración para extender su vigencia hasta 2027. La Cámara de Representantes aprobó la Resolución Conjunta 111, pero el Senado no la llevó a votación antes de acabar la sesión legislativa el 30 de junio. La expectativa de La Fortaleza es que se apruebe en la próxima sesión, que comienza en agosto, adelantó Carlos Rivera Justiniano, asesor en Asuntos Legislativos y Reglamentarios de La Fortaleza.
De todas maneras, la medida de la gobernadora limita el uso del fondo para proyectos de transformación energética, por lo que prácticamente deja fuera a los municipios de la oportunidad de solicitar adelantos.
En 2020, la Resolución Conjunta 85 autorizó, al Departamento de Hacienda, a establecer el fondo con dinero estatal bajo el nombre de Fondo Rotatorio para Adelantos de Recuperación y Gastos Administrativos. Originalmente, permitía que obras de carreteras, puentes, servicios de agua y edificios públicos recibieran adelantos de este fondo mediante préstamos, líneas de crédito o adelantos para proyectos que fueran financiados bajo los programas de Asistencia Pública y de Mitigación, ambos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Posteriormente, las entidades elegibles (municipios y agencias) tenían la obligación de pagar al gobierno de Puerto Rico el dinero adelantado.
Un fondo que no tuvo acogida
A mediados de 2022, se desembolsaron $9.6 millones a los municipios de Yabucoa, Las Piedras y Caguas, y se repagaron al Fondo, informó Hacienda al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), por lo que la semana pasada el fondo contaba con los $750 millones.
Los municipios de Morovis, Canóvanas, Yabucoa, Vieques, Las Piedras, Bayamón y Caguas y el Departamento de Educación solicitaron aproximadamente $79.9 millones al Fondo para 42 proyectos. Posteriormente, las transacciones fueron canceladas, informó la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés). No se precisó si las cancelaciones fueron hechas por los mismos solicitantes.
“La baja participación municipal responde a un proceso altamente técnico, lento y poco adaptado a las realidades operacionales de los municipios”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge “Georgie” González Otero.
Cada entidad que solicitara adelanto del Fondo para un proyecto debía transitar por varias agencias del gobierno hasta pasar por el cedazo de la Junta de Control Fiscal (JCF), lo que retrasaba los procesos. Al ser un préstamo o línea de crédito, estos adelantos constituyen una transacción similar a una deuda por lo que requieren la revisión y aprobación de la Junta.
Según el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, los municipios tenían un plazo corto para adjudicar los proyectos y devolver el dinero. Pocos municipios solicitaron dinero del Fondo, dijo, por las “evaluaciones y por las solicitudes [de información]” que se les requería.
Los adelantos de dinero eran otorgados una vez los proyectos tuvieran fondos obligados (comprometidos) por FEMA para ir agilizando las obras en lo que la agencia federal desembolsaba. Es decir, luego de que la agencia federal aprobaba un proyecto con su asignación de dinero, un municipio, agencia, instrumentalidad o corporación pública podía solicitar un adelanto del Fondo para las obras de reconstrucción elegibles.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y COR3 administraban y supervisaban el Fondo, bajo la mirilla de la JCF. Los pagos al Fondo se depositaban una vez los solicitantes recibieran los desembolsos de FEMA.
“La mayoría de los municipios pequeños no cuentan con el personal técnico ni legal para navegar este laberinto burocrático”, destacó González Otero, también alcalde de Jayuya. “Y si a eso le sumas, la falta de asistencia técnica en el uso de este fondo, definitivamente no ayuda a agilizar la reconstrucción”, añadió sin dejar de señalar que la falta de uniformidad en las reglas y la discrecionalidad con que FEMA y COR3 aprueban los proyectos han generado desconfianza.
Además, hay alcaldes, dijo, que se enfrentan a requisitos duplicados y a aprobaciones paralelas entre COR3 y FEMA.
Así que el fondo prácticamente no funcionó. Se mantuvo casi intacto desde su aprobación hace aproximadamente cinco años, cuando la Asamblea Legislativa, a semanas de las elecciones, anunció la medida como un paso imprescindible para la reconstrucción. Y afirmó que sin la aprobación de este fondo “la reconstrucción de la isla podría retrasarse debido a la falta de liquidez de las entidades gubernamentales para iniciar ciertos trabajos que operan a base de reembolsos de FEMA”, lee el informe positivo que dio paso a la aprobación de la medida.
“Desvestir un santo para vestir a otro”
El proyecto de la primera mandataria, presentado en mayo, no solo busca enmendar la Resolución Conjunta 85 para expandir la vigencia del Fondo, sino que propone que los adelantos sean solo a proyectos de transformación energética, y elimina el requisito de que la obra a desarrollarse tenga el compromiso de desembolso de FEMA. Los adelantos también pueden ser pagados con “cualquier otra fuente de financiamiento” permitida en unas guías que posteriormente emitirán Hacienda o AAFAF. Además de los municipios, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, la medida incluye que “otras entidades elegibles” podrían recibir dinero del Fondo.
Ni la Federación de Alcaldes ni la Asociación de Alcaldes fueron consultados sobre esta medida previo a presentarla en la Legislatura o durante las etapas del proceso legislativo, reconocieron los presidentes de ambas organizaciones.
El presidente de la Federación no se pronunció en contra de la medida al ser abordado por el CPI, pero reconoció que casi ningún municipio tiene proyectos de transformación energética.
“A lo que se refiere [la medida legislativa] son proyectos del Estado, porque los gobiernos municipales, [no tenemos otros] más allá de que podemos trabajar algún tipo de proyecto pequeño de energía, como los acuerdos colaborativos de comprar placas solares al semáforo. El compañero alcalde de San Juan está trabajando varias propuestas, pero directamente con el gobierno federal para una microrred eléctrica en San Juan”, contestó Hernández Rodríguez, también alcalde de Camuy.
Iniciativas como microrredes, sistemas de energía solar para instalaciones críticas, baterías de respaldo o alumbrado público eficiente figuran en las pocas propuestas de este tipo de algunos municipios, enumeró González Otero. “Solo una mínima fracción” de los ayuntamientos cuentan con proyectos energéticos que sean técnicamente viables, explicó, al compararlos con los cientos de proyectos de reconstrucción de carreteras, puentes, instalaciones recreativas, instalaciones de control de agua y edificios públicos pendientes para la reconstrucción.
El inventario de daños por el huracán María reportados por los municipios totalizan 12,670 proyectos, según datos del COR3 hasta finales de junio. De estos, 2,731 proyectos se completaron.
¿Fondos para LUMA Energy, Genera, AES u otra entidad?
Aunque la medida de la gobernadora no llegó a votación en el Senado, La Fortaleza espera que sea una de las primeras que apruebe en la próxima sesión legislativa, indicó Rivera Justiniano.
“La gobernadora me pidió que le transmitiera [su intención de que el dinero se utilice para proyectos de transformación energética] al señor Presidente del Senado y eso hicimos en los últimos días de la sesión en junio. Es posible que haya enmiendas que el Senado quiera introducir, pero no tengo el lenguaje”, dijo el asesor en Asuntos Legislativos y Reglamentarios de La Fortaleza.
La prioridad de la gobernadora es que haya fondos estatales disponibles, añadió, para que la corporación pública, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier entidad privada tenga los recursos para levantar la infraestructura energética. A la gobernadora “le preocupa mucho” que LUMA y Genera no estén utilizando los fondos federales, dijo.
La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes con la oposición de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de Proyecto Dignidad.
“Quisiéramos saber si donde dice ‘otras entidades elegibles’, ¿se está abriendo la puerta para adelantarle(s) fondos del Fondo Rotatorio a LUMA Energy, Genera, AES u otra entidad?”, expusieron el representante Héctor Ferrer y la delegación del PPD en su voto explicativo en contra, al mencionar las compañías privadas de la red eléctrica de Puerto Rico. Reclamaron, además, por qué no hubo vistas públicas para discutir las implicaciones de los cambios propuestos por la gobernadora en la medida.
La representante Adriana Gutiérrez Colón dijo al CPI que la delegación del PIP votó en contra porque la medida no especifica cuáles son los proyectos de transformación energética que cualificarían.
“Esto pudiera convertirse en un cheque en blanco para que la administración o el gobierno establezca proyectos energéticos que son o que sean contrarios a lo que es nuestra creencia [para fuentes de energía renovable]”, expresó al señalar que la gobernadora extendió la vida de la carbonera AES y que “se está apostando más a la gasificación”.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier Chinea, acogió en mayo las enmiendas de la medida sin vistas públicas, tomando en consideración las observaciones de Francisco Domenech como director ejecutivo de la AAFAF.
Por su parte, el senador José A. Santiago Rivera, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, se mostró sorprendido de que se limitara sólo a proyectos energéticos y le preocupa que se agregue que “otras entidades elegibles” podrían recibir adelantos.
“Aquí los únicos que están trabajando con eso [proyectos energéticos] son LUMA y Genera. Habría que ver si es que ahora quiere limitar a esas empresas privadas el uso de esos fondos, cuando ellos son dos empresas que son multimillonarias”, dijo Santiago Rivera, quien fue alcalde Comerío. Añadió que recomendaría a la delegación del PPD en el Senado votar en contra.
La medida recibió un informe positivo en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa del Senado, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, pero no llegó a la votación final.
Para el presidente de la Asociación de Alcaldes, el Fondo Rotatorio debe mantenerse como una herramienta adicional versátil, no atada únicamente a proyectos relacionados con energía. Para lograr su agilidad, recomendó desburocratizar el proceso, permitir el acceso municipal sin trabas técnicas desproporcionadas, y no imponer una camisa de fuerza temática que beneficia solo a los que tengan proyectos energéticos listos o pre aprobados.
Una vez expira el Fondo Rotatorio y la autorización para otorgar adelantos, el dinero debe ser depositado en la principal cuenta bancaria del gobierno central, según establece la Resolución Conjunta 85.
“Para gastar ese dinero habría que tener una resolución [conjunta] y una autorización presupuestaria para hacer cualquier erogación de fondo”, dijo el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez al CPI.
Según el Plan Fiscal, se espera que los $750 millones se liberen a partir de 2029 para pagar a los bonistas de Puerto Rico, como parte del Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central que aprobó el tribunal federal en el 2022. Según el acuerdo, el gobierno deberá destinar el dinero del Fondo al repago de bonos de apreciación de capital (CABs en inglés), a razón de $150 millones anuales hasta 2033.
Adelantos con fondos federales que generan intereses
Ante lo inefectivo que les ha resultado el Fondo Rotatorio, los municipios y las agencias han preferido utilizar el programa Working Capital Advance que es con fondos federales. Bajo este programa el COR3 y FEMA autorizan adelantos hasta un máximo de 75% de los fondos federales obligados por FEMA para los proyectos de reconstrucción.
El presidente de la Federación de Alcaldes recomienda a los gobiernos municipales que usen el Working Capital Advance. “Es mucho más manejable y transparente”, dijo sobre el programa que comenzó en junio del 2022.
El mismo día que venció el Fondo Rotatorio, el COR3 anunció nuevos requisitos para acceder al programa Working Capital Advance. Ahora, al gestionar una petición de adelanto, el solicitante (municipio o agencia) debe someter un plan de gastos de 90 días. Deben justificar los gastos en 180 días mediante el proceso de conciliación, con la presentación de facturas, contratos y pagos.
“Una vez completado ese proceso, el subrecipiente podrá solicitar un segundo adelanto, siempre y cuando presente un nuevo plan de gastos junto con la solicitud correspondiente”, explicó COR3.
Otra fuente de financiamiento es el adelanto regular (RFA, en inglés). Para solicitarlo, se debe demostrar una necesidad inmediata de efectivo y someter un plan de gastos de 90 días, documentos del proceso de adquisición y contratos relacionados al proyecto en cuestión.
Los fondos otorgados mediante el Working Capital Advance y el RFA deben depositarse en una cuenta bancaria que genere intereses. El exceso de $500 que esas cuentas devenguen en intereses se tiene que entregar a FEMA. Un total de $64.4 millones se desembolsó a FEMA por los intereses ganados entre 2023 y 2024 por los adelantos del Working Capital Advance, informó COR3 al CPI.