Don Miguel Ángel González Varela, fue encarcelado y luego dejado libre bajo fianza y enfrenta cargos por asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas por ultimar a balazos a su exyerno, Wisler Jared Rancel Galarza, de 21 años, la madrugada del sábado. El joven agredió a su pareja de 32 años Kitchaliz González Pérez hija de Don Miguel.
González Pérez fue atendida en una institución hospitalaria tras sufrir una agresión física por parte de su pareja y afirmó ser víctima de un patrón de violencia de género. Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, los hechos ocurrieron en el residencial Manuel Zeno Gandía. Tras el incidente, González Valera se presentó voluntariamente en la Comandancia de Arecibo, donde declaró al agente Edwin Calderón Torres que había dado muerte al joven en defensa de su hija. “Lo hice por mi hija y lo haría igual”, dijo el sexagenario. Así se resume el parte policiaco sobre el incidente.
Pero ahí no queda el asunto. Tras la radicación de los cargos, la hija de don Miguel abrió una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos legales de su padre. El martes 8 de julio visité la cuenta que había recibido donaciones por $71,868 y los recaudos habían sido detenidos por la familia.
“Hola me llamo Kitcha estoy recaudando fondos ya que mi papá tuvo una situación delicada y necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes y quien pueda ayudarnos. Necesito una ayuda para un abogado y sus gastos. Seríamos más que agradecidos con cualquier ayuda, sumamente agradecida estaré siempre.” Leía el mensaje de la página.
La “situación delicada” a la que alude Kitchaliz es el asesinato en primer grado del que se acusa a su padre.
Este “incidente” ha desatado un debate importante sobre el significado social y moral de la respuesta de Don Miguel a la agresión contra su hija.
Como trasfondo a la acción justiciera al margen de la ley de Don Miguel están casos como los de Andrea Ruiz Costas en 2021 quien acudió al tribunal para solicitar una orden de protección en contra de su expareja, Miguel Ocasio Santiago, a quien denunciaba por acoso temiendo por su vida. La jueza Ingrid Alvarado le denegó la orden de protección, dictaminando “no causa” y pocos días después Ruiz Costas fue brutalmente asesinada y su cuerpo calcinado por su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien luego apareció muerto en su celda.
En 2022, Brenda Liz Pérez Bahamonde fue asesinada por su expareja, un agente de la policía, luego de que su orden de protección expirara en noviembre de 2021 y se le devolviera a éste el arma tras evaluación psicológica. En 2023, Carla Rodríguez Ares, fue asesinada por su expareja luego de que se reconsiderara su determinación de causa para arresto quedando libre. El feminicida luego se suicidó [Observatorio de Equidad de Género]. En 2024, Jackeline Santiago Rodríguez fue asesinada por su pareja en el cuartel de la Policía Municipal de Morovis. Y, por supuesto, todos tenemos fijado en la memoria el infame y aberrante feminicidio perpetrado por Hermes Ávila, 2024, que habiendo estado preso por feminicidio fue “liberado” mediante treta, engaño y total incompetencia del “Departamento de Corrección” para cometer un segundo atroz feminicidio.
En 2024 Puerto Rico ocupó el segundo lugar en feminicidios per cápita entre 17 países de América Latina y el Caribe, con 4.79 por cada 100 mil habitantes. Guatemala ocupó el primer lugar con 5.92 por cada 100 mil habitantes y Honduras el tercero con 4.75, según datos del Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) publicado por la organización MundoSur [https://mlf.mundosur.org/lupa].
Sin tener grados en sociología, ni participar de los circos mediáticos de análisis Don Miguel actuó instintivamente sabiendo que en Puerto Rico no hay justicia. Que este país es ingobernable y que está al garete. Puerto Rico es un ESTADO FALLIDO. Los estados fallidos son incapaces de proporcionar las funciones básicas del gobierno, como la aplicación de la ley y la justicia, la educación y una economía estable. Un estado fallido pierde la confianza de la gente y sufre violencia civil, delincuencia, corrupción interna, pobreza, problemas con el sistema educativo y una infraestructura en ruinas. Ese es, ni más ni menos, el Puerto Rico en el que vivimos.
Don Miguel hizo lo único que se puede hacer en este estado fracasado y corrupto incapaz de hacer justicia. Ahora la kakistocracia gobernante y los agentes de ley y orden fracasados—policías, fiscales, jueces—se rasgan las vestiduras y con vergüenza disimulada dicen entender la acción pero piden “confiar en el sistema judicial”. No obstante, en la cárcel 705 de Bayamón y en las calles de Puerto Rico Don Miguel ha sido proclamado ¡PALADÍN DE LA JUSTICIA!