Cinco organizaciones del sector de salud identificaron como principales barreras en el tratamiento de pacientes con hepatitis C los extensos procesos de preautorización de medicamentos y pruebas, la falta de seguimiento clínico adecuado, la escasez de especialistas y el estigma hacia personas con trastornos por uso de sustancias.
El Departamento de Salud (DS), la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR), la Asociación de IPAS y la coalición VOCES PR expusieron los retos durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado, en el marco de la Resolución del Senado 107.
Aunque el DS implementa un Plan Operacional de Eliminación de Hepatitis Virales con metas de prevención y educación, la principal oficial médico, Iris Cardona, reconoció que aún hay proveedores que no completan las pruebas confirmatorias tras detectar anticuerpos, ni verifican la supresión viral.
Según sus datos, en 2024 solo el 32 % de 5,025 pacientes recibió seguimiento con pruebas confirmatorias. Además, entre 2021 y 2023, apenas 346 de 3,830 personas (9 %) fueron evaluadas con estas pruebas semanas después de terminar el tratamiento.
Sobre las demoras por preautorizaciones, Cardona advirtió que el requisito “puede dilatar el acceso oportuno al tratamiento y generar inestabilidad emocional en los pacientes”.
Lymari Colón Rodríguez, directora ejecutiva interina de ASES, coincidió con Salud y recomendó la adopción de la prueba Reflex, que permite combinar el diagnóstico preliminar y la confirmación en una sola gestión. También destacó la falta de uniformidad entre aseguradoras y la cantidad excesiva de procedimientos que atrasan la activación de la Cubierta Especial. Este programa permite a los pacientes acceder directamente a especialistas y medicamentos sin referidos del médico primario.
Colón Rodríguez añadió que algunos proveedores “aún no dominan completamente” los pasos para activar la cubierta. “Esta falta de conocimiento técnico puede ser solucionada mediante capacitación continua y comunicación clara por parte de las aseguradoras y de ASES”, sostuvo ante la comisión presidida por el senador Juan Oscar Morales.
La Asociación de IPAS, presidida por Jorge Hess, no compareció presencialmente, pero en ponencia escrita denunció la escasez de especialistas en gastroenterología e infectología con peritaje en hepatología, y criticó la falta de transparencia en la medición del progreso.
“A pesar de que el gobierno federal asignó hasta $200 millones para tratar esta condición, no existe un sistema claro ni público que permita conocer cuántos pacientes han sido diagnosticados, tratados, abandonaron el tratamiento o sufrieron reinfección”, señaló Hess.
Felipe Cintrón Zayas, presidente de la ALCPR, presentó un panorama alarmante: las tarifas de reembolso por parte del Plan Vital para pruebas de hepatitis C son “inadecuadas” y “muy por debajo” del costo real. VOCES PR respaldó esta denuncia.
Según la Asociación, las tarifas actuales solo cubren el 45.3 % del costo de las pruebas de anticuerpos y el 26.7 % de las pruebas de PCR ARN, utilizadas para confirmar la cura viral. Un análisis comparativo reflejó que los laboratorios pierden $15.58 por cada prueba de anticuerpos y $123.66 por cada prueba de PCR ARN bajo las tarifas actuales. En contraste, los seguros comerciales pagan entre 2.2 y 2.3 veces más por esas mismas pruebas.
Además de los bajos reembolsos, VOCES PR —representada por su directora ejecutiva, Lilliam Rodríguez Capó— subrayó la falta de integración entre sistemas de información, lo cual obstaculiza el intercambio de datos entre laboratorios, clínicas, farmacias y aseguradoras.
Entre las propuestas de la coalición están formalizar protocolos, establecer un plan de educación continua, garantizar la interoperabilidad de sistemas y asignar fondos para servicios complementarios como transporte, apoyo psicosocial y fortalecimiento de organizaciones comunitarias.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.