La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Lourdes L. Gómez Torres, informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos este lunes contra Jomarys Ainniz Agosto Cuevas, de 39 años, quien se desempeña como patóloga del habla, por apropiarse ilegalmente de fondos públicos mediante un esquema fraudulento al facturar 125 terapias del habla acordadas bajo el Remedio Provisional, las cuales no prestó.
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La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga radicó 135 cargos contra la imputada. Estos incluyen alteración y uso de datos personales en archivos, apropiación ilegal de fondos públicos, fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos, posesión y traspaso de documentos falsificados, impedimento y persuasión de incomparecencia de testigos y maltrato de menores, al amparo del Código Penal y la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores en Puerto Rico.
Conforme a la investigación de la agente Nilda M. Covertier Lasen, adscrita a la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Agosto Cuevas firmó varios contratos de servicios profesionales a través de Remedio Provisional, para ofrecer terapias del habla durante el año escolar 2023-2024.
No obstante, no cumplió con lo establecido, certificó terapias que no ofreció y facturó 125 terapias que no había brindado y que fueron pagadas por el Departamento de Educación (DE).
Mediante este esquema fraudulento, la mujer se apropió ilegalmente de una cuantía total de $7,100.00 dólares en fondos públicos entre el 21 de agosto de 2023 y el 30 de enero de 2025.
Al mismo tiempo alteró y utilizó los datos de varios maestros ofreciendo servicios de educación especial para presentar certificaciones de servicios falsificadas.
Al ser descubierta, la imputada intervino con los padres y encargados de los menores afectados para persuadirlos de que no declararan en su contra.
“Este fraude no sólo representa un daño para el erario, sino que puso en riesgo la salud e integridad física, mental o emocional de los menores perjudicados e infringió un daño irreparable en el desarrollo y continuidad de los servicios establecidos como parte de su programa educativo”, expreso la secretaria de Justicia.
La jueza Iraida B. Rodriguez Castro del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, encontró causa para arresto por todos los cargos criminales presentados por la División de Delitos Económicos, dirigida por la fiscal Roxanne Rivera Carrión, y le impuso una fianza global de $135 mil dólares, la cual prestó.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 30 de julio.