La gobernadora Jenniffer González Colón firmó hoy una ley que extiende al sector privado las opciones de empleo para la población correccional mientras se cumple la condena, en pro de su rehabilitación, y para proveer mayor mano de obra en áreas con necesidad.
Esta nueva legislación, Ley 60 del 2025, enmienda la Ley 166 del 2009, que limitaba su aplicación al sector público, como agencias y municipios, y permite la inserción laboral para tareas agrícolas, de ornato, construcción, ebanistería, tapicería, costura, soldadura, mecánica, imprenta y reciclaje.
“Esto se ha convertido en una puerta giratoria. Si no le damos las herramientas a nuestros confinados de reinsertarse a la sociedad, tenemos alto grado de reincidencia porque no tienen manera de conseguir un empleo una vez salen y terminan aquí”, estableció González Colón en conferencia de prensa desde el Complejo Correccional Bayamón 501, acompañada por Thomas Rivera Schatz, autor del proyecto, entre otros senadores.
Según la gobernadora, las oportunidades no son para “recoger escombros”, sino que requerirán trabajo técnico, por lo que los confinados que deseen participar —la iniciativa es voluntaria— recibirán adiestramientos y cursos para ejercer la labor en empresas participantes, cuyo proceso será facilitado por la Oficina de Colocación de Empleo, bajo la dirección de la coordinadora interagencial, Frances Ramos.
“Siempre van a haber confinados que no la van a querer aprovechar y perderán ese privilegio de salir a la calle. Nos ha pasado en el pasado, pero es mínimo. Lo que se ha visto es que estos programas son efectivos”, comentó la primera mandataria.
La evaluación de empresas que recluten a confinados serán evaluados por un comité designado, aún no establecido, y no por el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera.
El funcionario incluso aseguró que se protegerán los derechos de los confinados y, por ejemplo, de accidentes, en adición a los demás beneficios del empleado.
“No vamos a permitir la explotación. Cuando hablamos de gobierno, hay otras dinámicas, pero con empresa privada, aparte de que vamos a darle mano de obra, nos vamos a asegurar con secretaria del Departamento de Trabajo que se garanticen todos sus derechos como con cualquier obrero”, añadió.
El DCR, no obstante, retendrá un 20 % de lo que gane el participante para cubrir gastos administrativos y de seguridad que se incurran por implementar la ley.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.