La gobernadora Jennifer González Colón defendió públicamente la decisión de cancelar el contrato de servicios médicos con Physician Correctional, al afirmar que hubo “negligencia” en el manejo del caso de Hermes Ávila Vázquez, confinado que fue liberado bajo pase extendido y posteriormente cometió un asesinato.
“Soltaron a este preso, lo tiraron a la calle y mató a la mujer. Eso es negligencia. Yo no voy a permitir un contrato así”, expresó la mandataria durante una entrevista televisiva (Última palabra).
Las declaraciones de González Colón se dieron en momentos en que la empresa demandó al Estado para impugnar la intención de cancelarles su contrato, que está vigente hasta 2028 y asciende a $11 millones anuales. Ante el Tribunal de Primera Instancia, Physician alega violaciones constitucionales, incumplimiento de contrato y represalias político-partidistas.
“Negligencia fue del Estado”
En respuesta, el abogado Frank Torres-Viada, uno de los representantes legales de Physician, sostuvo que la determinación médica para recomendar el pase extendido se realizó conforme al reglamento aplicable, y que el gobierno —no la empresa— falló al evaluar los criterios sociales y penales.
“La gran paradoja es que el propio Estado, que delega el deber constitucional de proveer acceso médico, ahora pretende imputar a esta compañía una negligencia que fue suya”, expresó Torres-Viada durante el programa Jugando Pelota Dura.
El licenciado explicó que los médicos de Physician realizaron una evaluación clínica completa al confinado Ávila Vázquez, incluyendo examen físico, y que la condición incapacitante fue validada por múltiples especialistas, incluyendo médicos del Fondo del Seguro del Estado.
Además, señaló que las auditorías en las que el gobierno intenta basarse fueron realizadas por una compañía sin experiencia en entornos correccionales y utilizando criterios incorrectos, por lo que impugnan su rigor.
Abogados denuncian represalia política
En el mismo espacio televisivo, los abogados de Physician reiteraron que la cancelación del contrato responde a represalias por el apoyo de los dueños de la empresa al exgobernador Pedro Pierluisi en la primaria del PNP.
“Esto es un caso de discrimen político. La propia Gobernadora dijo en campaña que cancelaría este contrato, y ahora el secretario ejecuta esa orden”, argumentaron.
El contrato de Physician fue renovado en 2023 por cinco años, bajo la administración de Pierluisi.
Corrección responde: “No nos mueve otra consideración”
En declaraciones escritas a Metro Puerto Rico, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR),Francisco Antonio Quiñones, defendió el proceso iniciado el 1 de julio para cancelar el contrato y aseguró que la determinación está fundamentada:
“Conforme al contrato, en los próximos 30 días, y una vez tengamos un nuevo proveedor, estaríamos cancelando sus servicios. Las razones están contenidas en la carta cursada. No nos mueve ninguna otra consideración”, expresó el secretario.
Quiñones insistió que el proceso busca garantizar los mejores servicios posibles a la población correccional y anticipó que el asunto terminará en los tribunales.