La firma del Proyecto del Senado 350 por parte de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que prohíbe los tratamientos de afirmación de género en personas menores de 21 años, ha generado amplia atención en medios noticiosos de Estados Unidos, que han calificado la medida como una de las más restrictivas de su tipo en el país y sus territorios.
NBC News, The Advocate y LGBTQ Nation, medios con cobertura nacional en EE.UU., publicaron reportajes críticos en los que subrayan que la ley promulgada por la gobernadora republicana de Puerto Rico establece sanciones penales de hasta 15 años de prisión para profesionales de la salud que ofrezcan terapias hormonales o cirugías de afirmación de género a menores de 21 años, incluso con el consentimiento de sus padres.
En su nota, NBC News indicó que el estatuto representa “una de las leyes más restrictivas en cuanto al acceso a cuidados de afirmación de género” y destacó el rechazo de organizaciones médicas y grupos de derechos civiles. La cadena cita a expertos que advierten que la ley podría tener efectos devastadores en la salud mental de jóvenes trans.
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Por su parte, The Advocate resaltó que la legislación fue aprobada pese a las objeciones de asociaciones médicas y grupos LGBTQ+, y advirtió que el texto legal podría estar en conflicto con normativas federales de derechos civiles. En términos similares, LGBTQ Nation calificó la ley como “una de las más crueles” y subrayó que podría ser impugnada judicialmente.
La cobertura mediática nacional ha aumentado el escrutinio sobre González Colón, quien enfrenta críticas por haber impulsado una legislación sin el aval de instituciones médicas como la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Médica Estadounidense. La ley fue aprobada en la Legislatura de mayoría conservadora y ha sido rechazada por numerosos sectores sociales en la isla.
Desde su promulgación el miércoles, organizaciones de derechos humanos han anticipado que acudirán a los tribunales para impugnar la medida por entender que viola derechos constitucionales. A nivel internacional, la norma también ha sido señalada por observadores de derechos humanos como una posible infracción a los estándares de protección de personas trans establecidos por organismos multilaterales.