Del CPI.
A través de las rejas de su celda, Juan vio cómo otro confinado se enterraba una navaja en el brazo hasta abrirse la piel. Se cortaba porque sabía que los guardias correccionales solo llegaban cuando corría la sangre. El hombre no intentaba quitarse la vida, sino recibir servicios de salud mental.
Escenas como esta no eran inusuales en la cárcel, relató Juan (un nombre ficticio para proteger su identidad), quien estuvo encarcelado por ocho años padeciendo de dos trastornos psiquiátricos. Ante la falta de respuesta a las solicitudes para recibir servicios de salud mental, algunos presos recurrían a medidas extremas para ser atendidos. Cortarse o manifestar ideas suicidas era, en casos, la única manera de ser admitidos en la unidad psiquiátrica del Centro Médico Correccional, donde un psiquiatra los evaluaba y les recetaba medicamentos antes de devolverlos a la población general.
Juan —quien había sido diagnosticado con bipolaridad y depresión severa varios años antes de ingresar en la cárcel— conoce bien ese sentimiento de desesperación. Sentía que su propia condición mental se deterioraba cada día más.
“Yo me percaté, de la primera noche en adelante, de que yo necesitaba servicio”, recordó Juan.
Durante los ocho años en que estuvo encarcelado, este tuvo una sola cita con una psiquiatra que le recetó los antidepresivos Wellbutrin, Elavil y Zoloft. La evaluación fue mediante una videollamada —la modalidad llamada telemedicina— y duró menos de 10 minutos. Sus solicitudes posteriores para recibir servicios psiquiátricos fueron ignoradas.
“Por más que tú solicitas el servicio, no importa”, dijo Juan. “A ellos no les importa porque, como dicen: ‘¿Para qué te lo buscaste?”.
Los únicos otros encuentros que tuvo con psiquiatras ocurrieron cuando era trasladado a una cárcel diferente. Se trataba de “evaluaciones iniciales” en las que tenía que empezar desde cero, sin “ningún tipo de seguimiento” a su tratamiento. Las recetas de su medicamento, dijo, se rellenaban de forma automática.
Mientras, el encarcelamiento afectaba la ya deteriorada salud mental de Juan.
“El ambiente allá adentro no es fácil”, dijo. “No descansas, no duermes porque la mente sigue trabajando, sigue maquinando, y tú mismo te vas dando cuenta del daño que te hace”, agregó.
Como Juan, casi tres cuartas partes de las más de 7,000 personas privadas de libertad en Puerto Rico requieren servicios de salud mental, pero el programa de salud correccional cuenta solo con el equivalente de cinco psiquiatras para darles el tratamiento que necesitan, según investigaciones del Senado.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) aseguró que el sistema correccional tiene siete psiquiatras para atender a toda la población adulta en las cárceles y dos para atender a la población juvenil. De los nueve psiquiatras, tres trabajan a tiempo completo y seis a tiempo parcial “con una cantidad de horas que varía”. Según una de las investigaciones del Senado, estos psiquiatras a tiempo parcial trabajaban entre 10 y 20 horas semanales.
Mientras no hay profesionales que atiendan las necesidades actuales de la población penal, el gobierno construye un hospital psiquiátrico correccional de $80 millones sin aclarar cuánto costará operarlo, con qué fondos lo mantendrá ni con qué personal médico se dará el servicio, en medio de una crisis de escasez de psiquiatras en Puerto Rico, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El DCR justificó la construcción de la instalación médica —con fondos federales de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT, en inglés)— argumentando que hacía falta una institución psiquiátrica para mantener a pacientes con trastornos severos que no pueden convivir con la población penal.
“[El Centro Médico Correccional] cuenta con un número reducido de camas para atender a personas con enfermedades mentales, y esta área se utiliza para atención temporal. El nuevo centro correccional para personas con enfermedades mentales contará con un programa continuo para estos reclusos”, lee un informe que la agencia sometió, en 2022, para recibir los fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) para el nuevo hospital psiquiátrico.
El secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco A. Quiñones Rivera, aseguró en una entrevista con el CPI que no se trata de una cárcel para reclusos con enfermedades mentales severas. Sin embargo, la descripción del proyecto que se le presentó a HUD para obtener los fondos indica que el hospital le brindará servicios a reclusos “con diagnóstico de enfermedades mentales que no pueden ser alojados en la población penitenciaria general”.
“Van a estar allí el tiempo que el criterio médico requiera”, dijo Quiñones Rivera, sin precisar cuánto tiempo pueden durar estas estadías.
En la descripción del proyecto, el DCR estableció que no existen instalaciones especializadas para proveer servicios de salud mental a personas confinadas y que los servicios de salud mental en el sistema correccional se limitan a servicios ambulatorios. La secretaria, en el momento en que se solicitaron los fondos, era Ana Escobar Pabón, quien declinó emitir declaraciones sobre el nuevo hospital psiquiátrico.
La afirmación del DCR en su propuesta, sin embargo, contradice lo establecido en el contrato existente entre la agencia y Physician Correctional, el proveedor de servicios de salud en las cárceles del país. En el acuerdo, Physician Correctional sostiene que existen dos unidades que ofrecen atención psiquiátrica a personas confinadas cuyas condiciones requieren que sean separadas de la población general.
El CPI solicitó una entrevista con Physician Correctional sobre los servicios de salud mental en las cárceles, pero la empresa refirió las preguntas al secretario del DCR.
Por su parte, Quiñones Rivera dijo que actualmente los pacientes de salud mental cuyas condiciones requieren que sean separados de la población general se trasladan al Centro Médico Correccional, un hospital ubicado en el Complejo Correccional de Bayamón que cuenta con una unidad psiquiátrica, “y permanecen [hospitalizados] allí mientras la condición lo requiera”.
El CPI le preguntó, al secretario, si el gobierno impulsó el proyecto de construcción del hospital sin realizar un análisis adecuado del costo operativo que implicaría y sin asegurar los recursos necesarios para su funcionamiento.
“Yo no puedo decir eso”, respondió. “Es una unidad psicosocial que es necesaria para la población, para atender esa población”, dijo Quiñones Rivera.
Según el secretario, una nueva estructura hospitalaria significa “una ayuda adicional para esas personas que tienen alguna situación de salud mental de todos los niveles, pero que no han sido declaradas no procesables por el tribunal”. Una persona se considera procesable si es capaz de entender el proceso judicial y colaborar con su defensa.
A Juan le sorprendió conocer que el DCR esté construyendo un nuevo hospital correccional de psiquiatría, pues dice que el Centro Médico Correccional “siempre estaba vacío”. “Yo espero que la justificación sea que van a dar los servicios como se supone que sea, porque así es como único lo deberían justificar”, afirmó.
El informe anual de Physician Correctional para el año fiscal 2023 —el más reciente disponible— indica que el porcentaje de ocupación en las unidades psiquiátricas del Centro Médico Correccional era de 35%. Es decir, de 35 camas disponibles, mantuvo un promedio diario de 13 camas ocupadas.
Un informe de 2023 de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado arrojó que para el año fiscal 2021 Physician Correctional contaba con el equivalente de cinco psiquiatras en total para atender 10 instituciones del DCR. De estos, solo uno trabajaba en el Centro Médico Correccional, en Bayamón.
El CPI solicitó al DCR datos actualizados sobre el número de empleados de Physician Correctional en las cárceles, pero la agencia refirió la petición a la empresa. Physician Correctional no respondió a la solicitud de información.
La investigación del Senado, además, concluyó que Physician Correctional no contaba con el personal adecuado para atender a la confinada paciente de salud mental Shannel Colón Ponce, cuya muerte en 2022 en la institución de mujeres de Bayamón fue catalogada como un suicidio por las autoridades. Pero la causa de muerte de Colón Ponce fue cuestionada por sus familiares, quienes radicaron en 2023 una demanda contra el gobierno.
Quiñones Rivera reconoció al CPI que la cantidad de psiquiatras en el sistema correccional debe aumentar significativamente y afirmó que la agencia tomará “las medidas necesarias” para asegurar que las personas privadas de libertad reciban servicios médicos adecuados. “Ese número tiene que aumentar, posiblemente, sustancialmente si queremos expandir los servicios, y que no nos limitemos a Bayamón y Ponce, y que tengamos que trasladar los confinados específicamente a esas instituciones”, dijo el secretario.
El pasado 1 de julio, el DCR le notificó oficialmente a Physician Correctional que le cancelaría el contrato. Según el acuerdo entre el DCR y Physician Correctional, la agencia puede rescindir el contrato “por causa justificada”, mediante una notificación escrita con al menos treinta días de anticipación.
La agencia también publicó el 1 de julio una solicitud de propuestas para la administración de los servicios de salud en las cárceles. La descripción de los servicios a contratar incluyen la provisión de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas y la operación del Centro Médico Correccional. La notificación no menciona el nuevo hospital psiquiátrico. El nuevo contrato se extendería desde el momento en que se firme hasta junio de 2029.
Physician Correctional demandó al DCR el pasado 14 de julio para detener la cancelación del contrato, argumentando que la agencia supuestamente no siguió el procedimiento establecido en el acuerdo y que no existe “justa causa válida” para sustentar la determinación. Alega, además, que la cancelación “estuvo motivada por razones político-partidistas”, porque los directores de la empresa donaron a la campaña primarista del exgobernador Pedro Pierluisi. La demanda solicita que el tribunal ordene la paralización del proceso de solicitud de propuestas y que declare inválida la rescisión del contrato.
Escasez de psiquiatras
Puerto Rico atraviesa una escasez significativa de profesionales de la salud, incluyendo psiquiatras. El País actualmente cuenta con apenas unos 200 psiquiatras activos para una población de 3.2 millones, según estimados del Colegio de Médicos Cirujanos.
A juicio del psiquiatra forense Raúl López, reclutar psiquiatras para el sistema correccional representa un reto debido a la falta de recursos y a que muchos profesionales no consideran atractivo trabajar en el entorno de una cárcel. “No veo el panorama muy positivo porque hay muchas necesidades y pocos recursos”, dijo.
En 2024, una investigación de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado encontró que un 74% de la población confinada —entonces unas 5,350 personas privadas de libertad— requiere servicios de salud mental, por lo que “se determinan las necesidades de [una carga] entre 60 a 75 pacientes por profesional terapeuta”. Sin embargo, al haber entre cinco a siete psiquiatras en el sistema, cada uno tendría que atender entre 1,000 y 764 pacientes, según el estimado de personas confinadas con necesidad de servicios que se desprende de la pesquisa senatorial.
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La Comisión estableció que se requieren 71 profesionales de salud mental —21 psicólogos, 29 trabajadores sociales y 21 “técnicos psicosociales/ técnicos psiquiátricos”— para proveer servicios a los confinados.
El contrato vigente por casi $73.8 millones entre el DCR y Physician Correctional establece que la empresa debe mantener niveles “adecuados” de personal médico y de apoyo para proveer los servicios de acuerdo con los estándares aplicables. La empresa asumió la administración del programa de salud correccional en octubre de 2018. Desde 2019, el Comité Amigos y Familiares del Confinado ha denunciado que Physician Correctional ha reducido el número de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales luego de asumir el manejo del programa de salud correccional.
“Se supone que toda persona que ingrese a una institución penal sea evaluada no solamente físicamente, sino en el área mental”, dijo la portavoz del Comité y trabajadora social, Milagros Rivera Watterson, en una entrevista con el CPI. “No se están brindando los servicios”, sostuvo.
Problemas de salud mental en las cárceles
Según Physician Correctional, los problemas de salud mental representan más del 62% de la prevalencia en las condiciones de los confinados. Mientras, según el DCR, el 78% de los confinados han sido diagnosticados con trastornos como esquizofrenia, bipolaridad y depresión mayor. Actualmente, la población correccional en Puerto Rico se encuentra en un promedio diario de más de 7,500 personas adultas, según la agencia.
Entre 2017 y mayo de 2024, 30 personas confinadas murieron por suicidio, según datos del Instituto de Ciencias Forenses recogidos en un informe de la Comisión de Derechos Civiles.
El Perfil de la población confinada de 2019 —el informe más reciente del DCR que describe las características socioeconómicas de las personas privadas de libertad— encontró que aproximadamente uno de cada cinco reos tenía alguna condición de salud mental diagnosticada antes de entrar al sistema correccional. Mientras, aproximadamente un 14% había sido diagnosticado con una condición de salud mental tras ingresar a la cárcel.
Según López, el psiquiatra forense, en algunos casos, el diagnóstico de una condición de salud mental ocurre cuando una persona ingresa al sistema penal. Con frecuencia, explicó, los delitos que cometen están relacionados con el desarrollo de sus condiciones de salud mental y sus comorbilidades —enfermedades que surgen como consecuencia del diagnóstico principal—.
“Cuando llegas a la cárcel, te ponen una lupa”, sostuvo López. “Estas personas entran en el crimen, entre otras de las muchas razones, porque no tienen mucho apoyo social”, añadió.
La psicóloga clínica Kalitza Baerga explicó que gran parte de la población correccional sufrió algún tipo de trauma antes de ingresar a la prisión, marcado por la violencia o por haber crecido en familias en las que otros también estuvieron encarcelados.
Para las mujeres, la situación es aún más crítica. Según el perfil de 2019, más de la mitad de las mujeres confinadas había sido víctima de algún tipo de maltrato o violencia antes de entrar a prisión y el 63% tenía historial de trastorno de abuso de sustancias. El 87% de ellas tenía algún diagnóstico de salud mental.
“La desigualdad que ella vivió en la sociedad y que sigue viviendo dentro del sistema es diferente a la que viven los varones”, manifestó Baerga.
En general, muchas personas, añadió Baerga, llegan a la cárcel con condiciones de salud mental que no fueron tratadas en la libre comunidad por factores como la pobreza, la falta de acceso a profesionales de salud mental y la falta de servicios de apoyo en las comunidades. El mismo encierro, subrayó, puede exacerbar condiciones existentes y generar nuevos problemas.
Estudios han encontrado que el encarcelamiento está relacionado con trastornos como la depresión, la ansiedad y la bipolaridad, y factores como el hacinamiento, el aislamiento y la exposición a la violencia tienen impactos negativos en la salud mental de los reos, según el think tank Prison Policy Initiative.
“La realidad es que todo lo que tiene que ver con perder tu libertad, perder el contacto con tu familia, y perder la potestad de tomar tus propias decisiones —porque estás en un lugar donde todo el tiempo las decisiones las toman por ti— puede exacerbar todos estos síntomas. Puede crear hipervigilancia, puede crear también dificultad a largo plazo para tomar decisiones”, dijo Baerga, expresidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
En el caso de Juan, acoplarse al aislamiento y el estar separado de su hijo impactaron negativamente su salud mental. “[En la cárcel], cualquier persona normal se va a afectar mentalmente porque todo cambia. Uno no duerme. Ponle que por el primer mes vas a estar con la mente perdida”, dijo.
En la justificación para recibir los fondos CDBG-MIT para el nuevo hospital, la estadística que provee el DCR sobre la prevalencia de condiciones de salud mental entre la población confinada corresponde al estudio de 2019. “Las nuevas instalaciones permitirán al DCR brindar servicios de salud mental al total del 35% de la población penal que ha sido diagnosticada con algún tipo de condición mental”, lee el documento.
La agencia no provee una cifra específica de cuántas personas privadas de libertad tienen condiciones de salud mental que requieren que sean separadas de la población general, a pesar de que este es precisamente uno de los propósitos de construir la nueva instalación médica. El documento, además, indica que la población que se beneficiaría del proyecto incluye personas de bajos recursos con condiciones de salud mental “debido a haber sido abusados durante la infancia, ser parejas maltratadas, estar sin hogar cuando estaban en la comunidad libre, tener discapacidades severas y ser reclusos que viven con SIDA”.
Según el secretario del DCR, el nuevo hospital se enfocará en atender pacientes con diagnósticos como esquizofrenia, trastorno bipolar y uso problemático de sustancias, entre otros. Añadió que se ofrecerán servicios psicológicos, psiquiátricos y terapéuticos, tanto individuales como grupales.
Quiñones Rivera dijo que, cuando una persona confinada con condiciones de salud mental cumple con su sentencia, los técnicos de servicios sociopenales “están adiestrados” para contactar a agencias como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para darle continuidad al tratamiento una vez esté en la libre comunidad.
Pero esa no fue la experiencia de Juan, quien aseguró que su plan de salida no contemplaba la continuidad de su tratamiento psiquiátrico. “A mí no me dieron ni las dos semanas de medicamentos que se supone que me dieran en lo que yo conseguía algún tipo de servicio psiquiátrico en la libre comunidad”, sostuvo.
La primera noche que pasó en su casa tras ser excarcelado, sin los medicamentos que tomó por casi una década, Juan no podía dormir. “Estaba bien nervioso, no sabía ni qué iba a hacer, me sentía bien raro”, recordó.
El día después, casi exactamente 24 horas después de salir de la cárcel, los padres de Juan lo llevaron a un centro de salud primaria para recibir servicios de psiquiatría. Allí, lo estabilizaron y le recetaron nuevos medicamentos.
Recientemente, un hombre convicto por agresión sexual fue arrestado por presuntamente agredir a una mujer a pocos días de haber sido excarcelado. José Francisco Colón Rosario afirmó que, al salir de la cárcel, no recibió sus medicamentos para su condición de salud mental, según reportes de prensa. El DCR negó haberlo dejado sin medicamentos y ASSMCA afirmó que el hombre rechazó el tratamiento, dijeron los titulares de las agencias a la prensa.
Construyen nuevo hospital correccional
El exgobernador Pierluisi anunció en 2023 la construcción del nuevo hospital psiquiátrico, que tendrá capacidad para albergar hasta 250 confinados. El proyecto se encuentra en la etapa de diseño y la inauguración está pautada para el 2028, según el secretario del DCR.
La agencia aún no ha completado un análisis sobre el personal necesario para el funcionamiento del hospital ni su costo operacional anual, reconoció Quiñones Rivera. El secretario dijo que “en los próximos meses” espera tener más detalles sobre los recursos necesarios para operar la instalación médica.
“Estamos en ese análisis”, dijo el secretario del DCR. “Ahora estamos terminando el proceso de diseño para pasar a la etapa de movilización y construcción”, explicó.
La asignación de $80 millones para sufragar la construcción del edificio proviene de una partida de $1,000 millones de los fondos CDBG-MIT, separados específicamente para instalaciones médicas.
En febrero de 2024, el DCR llegó a un acuerdo por casi $2.8 millones con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para gestionar el estudio y diseño conceptual de la instalación médica. Seis meses después, AFI sub contrató por $790,000 a la empresa de arquitectura Integra Design Group, presidida por Carlos Báez Dotel, para realizar el estudio y diseño del hospital. La vigencia del contrato se extendió hasta diciembre y el secretario de Corrección dijo al CPI que el diseño está en la etapa final.
Según el contrato entre AFI e Integra Design Group, el nuevo hospital psiquiátrico contará con dos pisos. En el primer piso, habrá oficinas administrativas, una armería, una sala para visitas, área para empleados, unidades de recuperación y tratamiento —de las cuales una aparece en el contrato como “Unidad de Tratamiento Psicosocial y Residencial”—, una barbería y una cancha de baloncesto. Mientras, el segundo piso albergará una sala de conferencias, una unidad de recuperación psicosocial y una unidad residencial de servicios prolongados.
El hospital estará localizado en el complejo correccional de Bayamón, donde actualmente se encuentra el Centro Médico Correccional, inaugurado en 2014. El contrato entre AFI e Integra Design Group menciona que se considere incluir una “conexión peatonal y vehicular entre el Centro Médico Correccional existente y la Nueva Unidad Correccional Psicosocial”.
Según los documentos que sometió el DCR para recibir los fondos, se escogió esta ubicación para poder transferir a los reos al Centro Médico Correccional en caso de que necesiten algún otro servicio médico. El Centro Médico Correccional, con una capacidad de 200 camas, cuenta con una unidad psiquiátrica, además de unidades de servicios médicos a corto plazo y clínicas ambulatorias, que incluyen servicios dentales y de fisiatría.
En cuanto a cómo se diferencian los servicios que se proveen actualmente en el Centro Médico Correccional y los que se brindarían en el nuevo hospital, Quiñones Rivera dijo que las 200 camas adicionales permitirán que se amplíe el servicio.
“Ese complejo va a estar dedicado exclusivamente para atender este tipo de confinado y va a estar separado de la población general. Así que el enfoque es más uno de salud mental, es un enfoque salubrista”, dijo.
Discrepancia en cantidad de camas disponibles
Los informes anuales de Physician Correctional presentan incongruencias en cuanto a la cantidad de camas disponibles para servicios psiquiátricos. Según los documentos, el Centro Médico Correccional “cuenta con una capacidad de 185 camas para hospitalización psiquiátrica”. Sin embargo, en el desglose de los servicios que brinda el hospital, la empresa indica que las 185 camas se usan tanto para servicios de salud mental como física.
Según el secretario, en el Centro Médico Correccional hay alrededor de veinte espacios disponibles para atender a personas privadas de libertad que necesitan tratamiento psiquiátrico agudo. Además, dijo que en Bayamón hay aproximadamente otros veinte espacios para tratamiento intermedio y en Ponce, una cantidad similar.
En cambio, la anterior administradora del programa de salud correccional, la compañía Correctional Health Services Corporation, indicaba en sus informes anuales que el Centro Médico Correccional contaba con unas 87 camas para hospitalización psiquiátrica. En el año fiscal que culminó en junio de 2018, cuando Correctional Health Services Corporation aún estaba a cargo del programa de salud correccional, el promedio diario de confinados en las cárceles ascendía a 9,856.
Servicios de salud en las cárceles
Desde el 2005, los servicios de salud correccional en Puerto Rico han sido administrados por corporaciones privadas, en conformidad con una orden judicial en el pleito de clase conocido como Morales Feliciano, presentado en 1979 en el tribunal federal por las condiciones de hacinamiento en las cárceles. El Centro Médico Correccional se construyó como parte de las negociaciones del caso.
La empresa Correctional Health Services Corporation operó el sistema de salud correccional desde 2005 hasta octubre de 2018, cuando Physician Correctional, registrada corporativamente como Physician HMO, asumió el manejo de los servicios. En 2023, el DCR renovó el contrato de Physician Correctional hasta septiembre de 2028.
Una auditoría de la empresa UTICORP encontró que Physician Correctional incumplió con los estándares de salud carcelaria, las estipulaciones del caso Morales Feliciano y sus obligaciones contractuales con el DCR, según documentos obtenidos por el CPI mediante una demanda contra la agencia.
En 2024, Physician Correctional enfrentó cuestionamientos sobre la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien fingió paraplejia para obtener un pase extendido por esa supuesta condición de salud. Un panel médico de la empresa evaluó la solicitud de excarcelación de Ávila Vázquez y recomendó su liberación. Un año después de ser excarcelado, el feminicida asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega. Ávila Vázquez ahora cumple una sentencia de 102 años de cárcel por el asesinato.