El licenciado Osvaldo Carlo, presidente de Regulatory Compliance Services Corp. (RCSC) y exfiscal federal, advirtió que el sistema energético de Puerto Rico enfrenta una crisis estructural debido a un monopolio en el acceso al gas natural, una mala ejecución del modelo de privatización, y el riesgo de que el principal suplidor, New Fortress Energy (NFE), enfrente una quiebra.
En entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, Carlo señaló que la raíz del problema es un contrato firmado en el año 2018 por la Autoridad de los Puertos, bajo la administración de Ricardo Rosselló, que le otorgó a NFE el control exclusivo del muelle de San Juan —único punto habilitado para la entrada, regasificación y distribución de gas natural licuado (LNG) en el norte de la isla— hasta el año 2038.
“Fue una de las peores decisiones energéticas en la historia de Puerto Rico. Ese contrato impide cualquier competencia real”, sostuvo Carlo.
El contrato convierte a NFE en el único proveedor viable para suplir gas a las plantas base del área metropolitana. A juicio de Carlo, esto explica por qué la empresa ha podido imponer condiciones contractuales sin espacio para negociación.
“Nos dijeron: estos son los precios, estas son las condiciones. No hay negociación. Y así fue”, afirmó.
Riesgo de quiebra
La situación se complica tras la degradación crediticia de NFE y un posible escenario de insolvencia financiera. “Ya nosotros identificamos eso en nuestras evaluaciones. Estaba en el score card (de la competencia sobre el gas y la generación temporera) que esta compañía no provee una certeza de que van a estar ahí”, dijo el abogado. No descartó la posibilidad de una quiebra de NFE, y que Puerto Rico tenga que ir a una corte de quiebra en otra jurisdicción para salvaguardar sus derechos. Dijo que estas incertidumbres y el incidente con una embarcación con gas detenida el fin de semana pasado se tomarán en consideración en futuros procesos de competencia en los que NFE participe.
Carlo reveló que su firma ya ha recomendado formalmente al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal que se declare nulo o ineficaz el contrato original del muelle con NFE, por representar un impedimento estructural para la competencia.
“Sin abrir el acceso al muelle, todas las futuras subastas van a estar condicionadas a sentarse con New Fortress. Eso no es sostenible”, advirtió.
A modo de solución, planteó la creación de un terminal público neutral, como ocurre en otras jurisdicciones, donde cualquier suplidor pueda competir y pagar por uso de las facilidades.
Suministro de emergencia con control público
Pese al escenario adverso, Carlo indicó que el gobierno ha activado un protocolo de emergencia que le permite contratar suplidores alternos de forma expedita en caso de nuevas interrupciones, incluso utilizando el mismo muelle de San Juan.
“Ningún derecho privado va por encima del interés común. Si hay que ir al tribunal para garantizar el acceso, se va”, sentenció.
Esta alternativa se convirtió en prioridad tras la suspensión unilateral de la entrada del buque de gas “Energos Princess” por parte de NFE, en medio de negociaciones contractuales.
Federales alertados
Carlo confirmó que el caso está bajo el radar de las autoridades federales, quienes fueron notificados sobre el intento de NFE de utilizar el suplido energético como ficha de presión contractual. Aunque no se ha radicado una querella formal, la situación ya está en conocimiento del Departamento de Justicia federal.
“No hace falta una carta. Basta una llamada. Y esa llamada se hizo”, afirmó.
Privatización mal diseñada
Más allá del caso de NFE, Carlo criticó abiertamente la forma en que se implementó la privatización del sistema eléctrico en Puerto Rico, al colocar la operación en manos de empresas con intereses cruzados.
“Le dimos la administración de la red a compañías que también venden combustible o servicios a ellas mismas. Eso contamina todo el proceso”, denunció.
Aclaró que no se opone al modelo de privatización como concepto, pero insistió en que debe ejecutarse con reglas claras, infraestructura común y separación de funciones.
“La privatización puede funcionar, pero no así. Aquí se hizo de la peor manera”, sentenció.
¿Qué hace su firma?
Regulatory Compliance Services Corp., fundada por exfederales y auditores forenses, fue contratada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para manejar subastas donde existan conflictos con LUMA Energy o Genera PR.
La firma opera con procesos de evaluación ciega, no acepta cabilderos ni influencias externas, y reporta cualquier intento de presión directamente a las autoridades, según explicó Carlo.
También aclaró que no redactan las condiciones contractuales, sino que ejecutan los procesos según lo establecido por las agencias gubernamentales. Los procesos competitvos se rigen por el derecho administrativo y son apelables.
La entrevista completa:
La puedes ver esta noche en el canal de YouTube de Metro Puerto Rico.