La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y su Consejo Asesor anunciaron que recurrirán a los tribunales para impugnar la Ley 63 de 2025, firmada por la gobernadora Jenniffer González. Según denunciaron, esta nueva legislación penaliza a profesionales de la salud por brindar cuido de afirmación de género a menores trans y afecta directamente a esta población y sus familias.
La Ley 63, derivada del Proyecto del Senado 350, establece penas de hasta 15 años de prisión, una multa de $50,000 y la revocación de licencias a cualquier profesional de la salud que realice procedimientos de afirmación de género en personas menores de 21 años. Según la Federación LGBTQ+, estos tratamientos cuentan con el aval de asociaciones médicas reconocidas tanto a nivel local como internacional.
Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación LGBTQ+, afirmó que “la Legislatura y la Gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63 del 2025 que atenta contra el bienestar de menores trans”. López señaló que la ley fue aprobada sin vistas públicas y que se ignoraron las advertencias de organizaciones profesionales de la salud, del derecho y del propio Secretario de Salud del gobierno.
Organizaciones médicas y profesionales habían solicitado vetar la medida
Diversas entidades, como el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, habían expresado públicamente su oposición a la ley y solicitaron a la gobernadora que la vetara.
La directora ejecutiva de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, afirmó que la ley forzará a menores y sus familias a salir del sistema de salud formal. “Con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de poder ser atendidos por profesionales de la salud que velen por su bienestar”, sostuvo Fred Millán.
Responsabilizan a legisladores y gobernadora por la aprobación de la Ley 63
Justin Jesús Santiago, director de la Federación LGBTQ+, declaró que la responsabilidad de la Ley 63 recae en múltiples sectores políticos.
“La responsabilidad de esta ley recae no tan sólo en la gobernadora, sino en Rivera Schatz, Rodríguez Veve, toda la delegación novoprogresista, casi toda la delegación popular y Eliezer Molina. Les debe dar vergüenza de mirar a la cara a sus familiares, amigos, empleados y correligionarios que son LGBTQ+, pues con sus votos legalizaron el maltrato, el discrimen y el abandono en su contra”, expresó.
El Consejo Asesor también denunció la Ley 14 de 2025, a la que adjudican la legalización del discrimen por motivos religiosos. Indicaron que ambas leyes forman parte de una ofensiva legislativa que buscarán combatir mediante recursos legales.
Señalan impacto en derechos constitucionales de menores y sus familias
Kari Claudio Betancourt, directore de la organización La Tejedora e integrante del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+, compartió su experiencia como persona no binaria que ha recibido atención médica de afirmación de género.
“Puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida. Siento una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión”, expresó.
Añadió que “profesionales de la salud en Puerto Rico y alrededor del mundo han reafirmado el apoyo y el éxito científicamente probado de estos procedimientos”.
Por su parte, la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez, también parte del Consejo Asesor, sostuvo que el Proyecto del Senado 350 viola disposiciones constitucionales locales.
“Nuestra Constitución es de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos, es de decir, la nuestra garantiza mayores protecciones, el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto”, indicó.
Añadió que al convertir el proyecto en ley, “la gobernadora no tan solo le hizo caso omiso a nuestro Estado de Derecho, sino que ignoró a profesionales de la salud, de la psicología y profesionales del derecho que alzaron su voz sobre lo perjudicial que sería esta medida no tan solo para la juventud trans, sino para los derechos de las personas menores de edad y los derechos parentales por interferir con decisiones médicas de los padres y madres que ostentan la patria potestad”.