El Gobierno de Puerto Rico activó formalmente el proceso que podría culminar en la terminación del contrato con LUMA Energy, al emitir hoy martes una Notificación de Disputas bajo el Artículo 15 del contrato de operación y mantenimiento (T&D OMA).
La misiva, firmada por el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón Ortiz, plantea una serie de incumplimientos que, según el documento, han puesto en riesgo la estabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la ejecución de fondos federales y la continuidad del servicio eléctrico.
“Las promesas de pericia mundial y disciplina financiera no solo no se han cumplido; se han transformado en nuevas crisis de liquidez, transparencia y confianza pública”, expresa la carta enviada al presidente de LUMA, Juan Saca.
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En el documento de más de 80 páginas, Colón Ortiz denuncia que LUMA ha fracasado en asegurar el reembolso de fondos federales disponibles para la reconstrucción del sistema eléctrico, provocando que la AEE haya tenido que utilizar más de $500 millones de sus propios fondos para sostener operaciones que debían estar cubiertas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Incumplimientos y advertencia de rescisión
La carta subraya que, desde la firma del contrato en 2020, LUMA solo ha logrado asegurar $345 millones de reembolsos federales, a pesar de que hay aproximadamente $10,000 millones en fondos disponibles para proyectos permanentes de reconstrucción. En contraste, la AEE ha gestionado por su cuenta más de $1,300 millones.
El documento también condena la solicitud reciente de LUMA para un aumento tarifario provisional que implicaría un alza de 32.75% en la factura mensual promedio. Según P3A, la empresa propone que los consumidores paguen por adelantado mejoras de capital que ya están financiadas por fondos federales.
“LUMA quiere que los consumidores prepaguen trabajos capitales que el gobierno federal ya está dispuesto a reembolsar”, afirma la carta. “P3A rechaza esa premisa de plano”.
Además, se acusa a la empresa de violar las normas de contratación federal mediante el uso de empleados “seconded” —provenientes de la empresa Quanta, socia de LUMA— en proyectos con fondos federales, lo que constituye un posible conflicto de interés y podría descalificar proyectos del financiamiento de FEMA.
Ante estos y otros señalamientos, el gobierno exige a LUMA que en un plazo de 10 días:
- Detenga el uso de empleados seconded en proyectos con fondos federales
- Presente un plan de recortes de gastos de al menos $36.4 millones para el año fiscal 2026
- Reconciliación completa de avances de capital
- Someta un cronograma actualizado de proyectos de infraestructura financiados por FEMA
- Reembolse a la AEE los fondos que esta ha tenido que adelantar desde junio de 2024
“El pueblo de Puerto Rico, y el Gobierno que lo representa, están hartos”, se lee en la misiva.
De no cumplirse estas exigencias dentro del término establecido, el contrato podría ser terminado por incumplimiento, según dispone el Artículo 15 del T&D OMA.
¿Cuáles son las claves de la notificación de disputas contra LUMA?
- Documento emitido: 22 de julio de 2025 por la P3A y la AEE
- Fondos federales: $10,000 millones para reconstrucción del sistema eléctrico
- Reembolsos obtenidos por LUMA: $345 millones
- Reembolsos obtenidos por AEE: $1,300 millones
- Fondos estatales adelantados a LUMA: $500+ millones
- Violaciones alegadas:
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- Uso indebido de empleados “seconded”
- Fallas en rendición de cuentas financiera
- Ineficiencia en gestión de reembolsos
- Solicitud de aumento tarifario sin justificación válida
- Plazo de cumplimiento: 10 días laborables
- Posible desenlace: Terminación del contrato bajo Art. 15 del T&D OMA
Hace unas semanas, la directora ejecutiva de la AEE, Maricarmen Zapata dijo a Metro Puerto Rico que recibían constantemente cartas de LUMA alegando violaciones al contrato, por lo que anticipaban un pleito legal con el operador privado. La gobernadora, Jenniffer González había prometido en la campaña cancelar el contrato. Mientras que el Zar de Energía había anticipado en vistas públicas que darían los pasos para la cancelación en este año 2025.