La presidenta de Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez, confirmó hoy, miércoles, que durante esta semana se han reportado ausentes el 50 por ciento de los oficiales correccionales en Puerto Rico, lo que catalogó como un “Correctional Flu”.
Lee también | Señalan deficiencias en la implementación de la Ley 91-2022 a oficiales de corrección
“Comenzaron prácticamente el lunes por la noche con la 705 y el CMC. Sí te puedo decir que durante la noche de ayer hubo un patrón bastante marcado de ausentismo en Aguadilla, en lo que es Guayama 296, en donde también la 705, 1072, de las instituciones así, Arecibo 728, 726″, detalló la líder del gremio en el programa “Pega’os en la Mañana” de Radio Isla 1320AM.
“Prácticamente hay las instituciones en donde te están llegando tres oficiales mínimos a cubrir lo que es toda una institución […] Yo te puedo decir que se está ausentando prácticamente el 50 por ciento de la matrícula”, añadió.
Martínez comentó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recurrió a personal de otras divisiones― como la Canina, Ruta y Escolta, Arrestos Especiales y Ornato― para poder mantener operaciones mínimas.
El reclamo de los oficiales se centra en la implementación incompleta de la Ley 91-2022, que establece un salario base de $2,350 dólares mensuales, más un pago retroactivo de $746.
Aunque se otorgó el salario base, el aumento de $746 dólares y otros beneficios— como el estipendio por uniformes de los últimos tres años y la eliminación del banco estatal de horas— aún están pendientes.
En el pasado, tanto el tribunal como la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) concluyeron que el reclamo no procedía, al considerar que se habían agotado los remedios administrativos y que la interpretación del estatuto era errónea.
“La Ley 91 es clara. Lo que busca es aumentar o que buscaba designar un salario base de $2,350 y otorgar un aumento de salario de $746″, explicó la presidenta de la ACU.
“Solamente se implementó parte de la Ley que fue aumentar el salario base y todavía nos falta esos $746, que es lo que nosotros estamos luchando y reclamando”, agregó.
De completarse lo que establece la ley, el Gobierno tendría que desembolsar unos $43.7 millones de dólares anuales adicionales, además de unos $87 millones en pagos retroactivos acumulados desde el 2022.