Mientras la jueza Laura Taylor Swain presidía hoy una vista ómnibus en el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pensionados del sistema y miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se manifestaron a las afueras del Tribunal Federal en Puerto Rico.
El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, cuestionó que los bonistas estén reclamando $3,000 millones en pagos, argumentando supuestos sobrantes netos en la AEE durante años recientes. “De ser cierta esa alegación, el sistema de pensiones tiene prioridad de cobro conforme al mismo acuerdo que los bonistas están promoviendo”, afirmó el líder sindical. “La realidad es que no hay esa cantidad de dinero”, sentenció.
Figueroa Jaramillo urgió a la jueza Swain a rechazar de manera clara y definitiva esa reclamación, y avanzar hacia la conclusión del proceso de reestructuración.
El líder obrero también anunció que continuarán manifestándose todos los miércoles frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a quien responsabilizó por la descapitalización del sistema de retiro de la AEE y los contratos de privatización que, según denunció, han afectado tanto a la empresa pública como a los consumidores.
Respecto a la reciente notificación de disputas enviada por el gobierno a LUMA Energy, el presidente de la UTIER aseguró que se trata de un “paso legal” hacia la cancelación del contrato. “Toda la evidencia que acompaña esa carta demuestra que este contrato no aguanta más. Ahora se le va a hacer muy difícil a la gobernadora echar para atrás”, sostuvo.
Como alternativa, reiteró su llamado a regresar a un modelo público de administración del sistema eléctrico, acompañado de una reforma de la Junta de Gobierno que impida la injerencia político-partidista. “El modelo público ha sido más económico y más eficiente que LUMA, incluso con todas sus limitaciones”, concluyó.