En junio, se cumplieron diez años de la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que legalizó el matrimonio igualitario en todos los estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico. Sin embargo, líderes de organizaciones LGBTQ+ en la isla advirtieron que, lejos de estar garantizados, los derechos conquistados enfrentan nuevas amenazas bajo un clima político conservador.
“El logro más importante es que, aunque intenten pasar leyes o decisiones judiciales para restringir derechos, hay algo que no podrán cambiar: el amor, respeto y defensa que reciben las personas LGBTQ+ de sus familias, amistades y comunidades”, expresó el activista y presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano.
Subrayó que el cambio social ha sido profundo, pero que aún persisten barreras estructurales, y la aprobación de legislaciones recientes, como la Ley 14 de 2025, también conocida como la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, ha provocado un ambiente de retroceso.
“El hecho de que hayan aprobado la Ley 14, que es el proyecto que legaliza el discrimen por la excusa de la libertad religiosa, eso abre una puerta para que se legalice el discrimen en Puerto Rico”, denunció el activista.
Por su parte, el psicólogo clínico y director ejecutivo de la organización True Self Foundation, Miguel Vázquez Rivera, coincidió en que el contexto actual dista de ser uno de celebración.
“Parece que estamos viviendo una realidad totalmente diferente, es como que el mundo es otro hoy día, diez años después, y en vez de avances, lo que estamos viviendo son retrocesos”, sostuvo.
A pesar de que el matrimonio igualitario fue considerado uno de los logros más importantes del movimiento, Vázquez Rivera destacó que hay otras áreas que hoy resultan aún más críticas, como el acceso a servicios fundamentales.
“Hay muchos derechos que son más prioritarios, como el derecho a la salud, algo que estamos viendo que se les está arrebatando a los menores de 21 años y a sus familias”, indicó, aludiendo a la aprobación del Proyecto del Senado 350, ahora convertido en ley. Esta medida prohíbe los tratamientos de afirmación de género en menores de edad y ha sido ampliamente rechazada por entidades médicas, profesionales de la salud mental y organizaciones LGBTQ+.
Ambos entrevistados coincidieron en que existe una tendencia regresiva, impulsada por discursos y medidas conservadoras a nivel estatal y federal. Desde las restricciones en acceso a servicios de salud, discriminación laboral, hasta la falta de protección efectiva para personas trans, insistieron en que la igualdad legal aún no se traduce en equidad real.
“Estamos luchando con personas que no se quieren educar. Estamos luchando con personas que están tomando estos asuntos sociales de derechos humanos como asuntos políticos”, sentenció Vázquez Rivera.
“La gente cree que con el matrimonio igualitario que se logró hace diez años, la lucha se había acabado… y no es así, ahora mismo estamos echándonos atrás, y es complicado”, concluyó Serrano.
¿En riesgo el matrimonio igualitario?
La abogada y activista en derechos humanos Ana Irma Rivera Lassén sostuvo que aunque actualmente no hay un caso pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que busque explícitamente revocar el fallo Obergefell v. Hodges —la decisión de 2015 que legalizó el matrimonio igualitario—, existe una amenaza latente.
Explicó que, si bien no se ha visto un intento directo de invalidar ese derecho mediante una demanda específica, el peligro real está en que el Tribunal Supremo actual, más conservador que en el momento de la decisión original, ha mostrado interés en reconsiderar fundamentos jurídicos relacionados con la protección de derechos civiles.
“No he visto que estén tratando de incumplir el matrimonio abiertamente con algún caso que esté como en fila para subir para el Tribunal Supremo de Estados Unidos […] Pero en el caso de Puerto Rico, lo que siempre me preocupa a mí aquí es que la gente no está defendiendo toda la fortaleza que tiene Puerto Rico al tener, en nuestra Constitución, expresamente el derecho a la intimidad, que es una de las fortalezas para defender no solamente el matrimonio igualitario, sino todos los derechos que tienen que ver con las decisiones de las personas sobre sus cuerpos”, dijo.
La exsenadora recordó que la decisión del matrimonio igualitario se sustentó en principios similares a los del caso Loving v. Virginia, que en 1967 invalidó las leyes que prohibían los matrimonios interraciales. Ambos casos, explicó, están entrelazados en la defensa del derecho a formar una familia sin discriminación. Desde esa misma perspectiva, destacó que Obergefell reconoció que las familias pueden ser diversas, y que todas deben estar protegidas por igual ante la ley.
“La decisión es una de protección al concepto de las familias en plural, de que las familias son diversas y deben tener la igual protección de las leyes. Y entonces, tú ves, a la misma vez, cómo este mismo Tribunal Supremo está prácticamente dando de espalda a que haya familias diversas con situaciones de discriminación”, puntualizó.
Al referirse a Puerto Rico, Rivera Lassén enfatizó que este cuenta con la Constitución local, que reconoce expresamente el derecho a la intimidad. A su juicio, este derecho podría blindar el matrimonio igualitario en la isla, incluso si se diera una revocación a nivel federal.
“Puerto Rico podría hacer lo que han hecho otras jurisdicciones en Estados Unidos, que es fortalecer los derechos de las personas que viven, en este caso sería Puerto Rico, defendiendo los derechos con la Constitución que tiene Puerto Rico. Nada impide eso, salvo la poca voluntad que tiene el gobierno de Puerto Rico para la defensa de los derechos de las personas”, sentenció.
¿Cuántos matrimonios LGBTQ+ se han registrado?
Según datos del Registro Demográfico de Puerto Rico, entre 2015 y 2024 se han registrado un total de 3,434 matrimonios entre personas del mismo sexo en Puerto Rico. Aunque las cifras han fluctuado, el 2024 marcó un repunte con 455 uniones, la cantidad más alta en una década.