El gobierno de Puerto Rico, encabezado por la gobernadora Jenniffer González, ha encendido la mecha de un enfrentamiento con LUMA Energy al hacer uso de disposiciones contractuales para plantear incumplimientos de parte del operador privado del sistema eléctrico. Esta movida, unida a la ofensiva del Departamento de Asuntos del Consumidor contra LUMA, transita dos carriles: el político y el judicial, ambos cargados de implicaciones para los puertorriqueños.
En el carril político, la acción comienza a proyectar que el gobierno camina para cumplir la promesa clave de la campaña de González: sacar a LUMA, cuya gestión ha sido blanco de críticas por apagones recurrentes y un servicio deficiente. Con el año fiscal 2024-2025 registrando un récord de 1,602 minutos de interrupciones por cliente, equivalentes a más de 26 horas sin luz, el gobierno busca proyectar acción decisiva. Esta ofensiva resuena con un pueblo frustrado, que ve en LUMA un símbolo de ineficiencia y falta de rendición de cuentas. Al invocar el Artículo 15 del contrato, el gobierno no solo señala incumplimientos como la mala gestión de fondos federales y el descuido en el mantenimiento de la red, sino que también fortalece la narrativa de una administración que escucha el clamor popular.
En el carril judicial, esta notificación marca el inicio de un proceso que, sin duda, terminará en los tribunales. El mecanismo de resolución de disputas, que incluye negociaciones y la intervención de un experto técnico, es un preludio a una posible terminación del contrato, sujeta al aval de la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía. LUMA, por su parte, defiende su gestión, atribuyendo los problemas a la retención de fondos por la Autoridad de Energía Eléctrica, y se prepara para una batalla legal que podría prolongarse.
Este enfrentamiento no solo pone en juego la estabilidad del sistema eléctrico, sino también la credibilidad del gobierno y la paciencia de los ciudadanos. Mientras la guerra entre el gobierno y LUMA avanza, Puerto Rico espera resultados concretos que vayan más allá de la retórica política y los tecnicismos legales.