El Gobierno de Colombia expresó su inconformidad ante la repatriación de más de 800 presos colombianos desde Ecuador, luego de que, según denunció, no recibió notificación previa del operativo, lo que impidió la implementación de un plan de contingencia para su recepción.
Las deportaciones se llevaron a cabo a través del paso fronterizo de la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, según confirmaron autoridades locales este sábado.
En respuesta, la Cancillería colombiana presentó una nota de protesta diplomática ante el Gobierno de Quito, al considerar que la acción fue ejecutada de forma “unilateral” y en “incumplimiento del derecho internacional”.
“Hemos realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que este proceso de deportación sea ágil y no haya un colapso en el puente”, declaró a la prensa la gobernadora de Carchi, Diana Pozo, en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán.
Sin embargo, las autoridades colombianas aseguran que no fueron notificadas. “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia” para recibirlos, sostuvo el secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó en un comunicado que Quito inició la deportación “desatendiendo las respetuosas y reiteradas” solicitudes que le hiciera para generar antes un protocolo. Además tildó la medida de “gesto inamistoso”.
La cancillería ecuatoriana indicó este sábado en un comunicado que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio y se realizan con “respeto a los derechos humanos” y tras revisión individual de cada caso, por lo que criticó “la afirmación de una supuesta deportación colectiva”.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa expresó en 2024 su deseo de deportar a reos colombianos para descongestionar las prisiones. En abril, unos pequeños grupos empezaron a ser trasladados hasta la frontera.