Gobernadora: “El intento de chantaje no es justo”
La gobernadora Jenniffer González acusó este domingo a New Fortress Energy (NFE) de no actuar con buena fe en las negociaciones para un contrato de suministro de gas natural a largo plazo, pero confirmó que su administración evalúa volver a la mesa con la empresa para buscar mejores términos.
En conferencia de prensa, González advirtió que el contrato de arrendamiento firmado en 2018, que otorga a NFE el uso exclusivo del muelle de San Juan, ha dejado al gobierno en una posición de desventaja. “Aunque contratemos a otra compañía para suplir gas, tendríamos que pagarle a NFE por el uso de la infraestructura”, subrayó.
“El intento de chantaje al gobierno de Puerto Rico no es justo, no demuestra buena fe”, sentenció la gobernadora, al hacer referencia a la presión ejercida por la empresa durante las negociaciones.
Vuelta a la mesa de negociaciones
Aunque el gobierno canceló las conversaciones con NFE la semana pasada, González confirmó que están evaluando reanudar el diálogo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que no comprometa las finanzas ni la estabilidad del sistema eléctrico.
“Vamos a defender al pueblo, no a una empresa privada. Pero tampoco podemos permitir que el país quede a oscuras por un impasse”, declaró.
Contratos temporeros y aval de la Junta
La mandataria reconoció que el sistema opera actualmente con contratos semanales para suplir gas natural a las plantas temporeras, que aportan unos 250 megavatios. Estos acuerdos forman parte del contrato de emergencia que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) extendió hasta el 1 de agosto, con un presupuesto de $16.2 millones.
La JSF advirtió que cualquier otra extensión deberá ser evaluada nuevamente y pidió que el gobierno defina una estrategia a largo plazo para garantizar el abasto de combustible.
La controversia del contrato a largo plazo
El contrato de 15 años y $20,000 millones propuesto por NFE fue rechazado por la JSF y retirado por la Oficina de Compras de Terceros (3PPO), liderada por Osvaldo Carlo, tras cuestionamientos sobre su duración, cláusulas de exclusividad y la reducción de la fianza de cumplimiento de $100 millones a $10 millones.
El zar de energía, Josué Colón, también señaló que los términos del acuerdo fueron “impuestos por la empresa”, bajo presión durante una emergencia energética que dejó sin gas a la planta de San Juan a principios de julio.
La gobernadora aseguró que su prioridad es mantener la estabilidad energética mientras se busca una solución definitiva que no genere dependencia excesiva de un solo proveedor.