Organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda de clase contra la administración del presidente Donald Trump por implementar una política que elimina la elegibilidad a fianza de personas inmigrantes detenidas por ICE, lo que podría derivar en detenciones indefinidas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, presentó el lunes una demanda colectiva en un tribunal federal para impugnar una política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que elimina el derecho a solicitar fianza a personas inmigrantes detenidas en Estados Unidos.
2025.07.28 Dkt 15 Class Action Complaint and Amended Petition by Metro Puerto Rico on Scribd
La medida, vigente desde el 8 de julio, ha encendido las alarmas de activistas y abogados, quienes advierten que podría resultar en la detención indefinida de decenas de miles de personas, muchas de ellas por meses o incluso años, mientras sus casos migratorios siguen en proceso.
“La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de los Estados Unidos los derechos a la igual protección y al debido proceso”, sostuvo Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “ICE, sin justificación válida, impone el aislamiento y la separación de familias durante largos periodos mediante esta política”, denunció en declaraciones escritas.
La demanda enmienda una petición de habeas corpus previamente radicada en nombre de personas detenidas en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, donde se les había negado el acceso a una audiencia de fianza. El tribunal de distrito ordenó este lunes que a estos demandantes se les conceda dicha audiencia en un plazo de siete días.
Ahora, la acción legal busca representar tanto a esta clase en Adelanto como a todas las personas afectadas por la política a nivel nacional.
Entre las entidades que impulsan la demanda se encuentran la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP), y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz. Matt Adams, director legal del NWIRP, advirtió que esta política contradice “las leyes de inmigración que han estado en vigor durante casi treinta años”.
En Puerto Rico, donde según cifras del ICE se han detenido más de 800 personas inmigrantes, la política también tiene impacto directo. “Ya hemos documentado casos de negación de fianza en la isla”, señaló Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Los demandantes enfatizan que, bajo la Constitución de EE.UU., el debido proceso se aplica a todas las personas —incluidos los inmigrantes sin estatus legal—, por lo que negar audiencias de fianza de forma automática y sin evaluación individual constituye una violación de derechos fundamentales.
Además del riesgo legal, los abogados alertaron que la política favorece la expansión del sistema de detención con fines de lucro, al aumentar la población recluida en centros privados sin necesidad justificada.