El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) urgió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a exigir evidencia concreta sobre la viabilidad económica de las tarifas eléctricas propuestas antes de aprobar cualquier aumento, sea provisional o permanente.
En una moción radicada el 25 de julio, el ICSE denunció que ni la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ni sus agentes LUMA y Genera, han presentado análisis que demuestren que los consumidores y la economía puertorriqueña pueden absorber el impacto del alza.
2025.07.25 (S) ICSE's Motion on the Affordability of Proposed Rates by Metro Puerto Rico on Scribd
“El concepto de una tarifa ‘justa y razonable’ no es posible sin un elemento de asequibilidad. Aprobar un aumento sin medir su impacto económico sería irresponsable y peligroso, tanto para las familias como para el propio sistema eléctrico”, expresó el abogado del ICSE, Fernando E. Agrait.
Entre los señalamientos más contundentes, la organización advirtió que imponer tarifas sin evaluar su efecto sobre el ingreso familiar podría colocar a Puerto Rico en niveles de “pobreza energética”. En el proceso de quiebra de la AEE ante la jueza Laura Taylor Swain, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sostenido que dedicar más del 6% del ingreso familiar a la energía eléctrica representa un umbral inaceptable. No obstante, el alza propuesta por LUMA y Genera para cubrir costos operacionales y de infraestructura superaría ampliamente ese límite.
Riesgo de espiral financiera
ICSE alertó, además, sobre el peligro de una “espiral de muerte” en el sistema eléctrico, un fenómeno identificado por expertos ante el tribunal federal. “Si las tarifas se hacen impagables, los consumidores reducen su consumo o abandonan la red instalando sistemas solares, lo que reduce los ingresos del sistema y puede requerir nuevos aumentos, repitiendo el ciclo”, explicó Agrait. Esta dinámica podría socavar la viabilidad financiera del sistema eléctrico y comprometer su capacidad para salir de la quiebra.
En su moción, ICSE propuso que el NEPR exija estudios específicos sobre cuatro elementos clave:
- El porcentaje del ingreso familiar que se destina a pagar electricidad (“share of wallet”).
- La elasticidad de la demanda por tipo de cliente (residencial, comercial, industrial, gubernamental).
- El efecto cascada que tendría el aumento tarifario en los precios de bienes y servicios.
- El impacto de la emigración y de la adopción de energía solar sobre los recaudos de la AEE.
De acuerdo con ICSE, los bonistas —únicos opositores a su moción hasta el momento— rechazan que se incluya el análisis de asequibilidad, lo que en opinión de Agrait “elimina toda garantía de que la AEE pueda salir de su situación de quiebra”.
El abogado también sugirió que si la viabilidad económica no puede asegurarse, el gobierno debería considerar otras alternativas, como adquirir los activos de la AEE en la corte de quiebra y establecer una nueva corporación pública sin deudas para proveer el servicio eléctrico.
El NEPR anticipa que la tarifa provisional entre en vigor este próximo jueves, 1 de agosto. A días de esa fecha, el ICSE sostiene que aprobar el aumento sin un análisis de impacto económico no solo contraviene los principios básicos de justicia tarifaria, sino que contradice las propias posturas sostenidas por la Junta Fiscal en los tribunales.