En las últimas semanas, ha habido un revuelo, en Puerto Rico, referente al Proyecto del Senado 615 y la definición de lo que es un “canal de voz”. Personalmente, no entendía el asunto, y me dí a la tarea de leer el Proyecto 615 y compararlo con las disposiciones actuales de la Ley 107 del 2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”. Esto fue lo que encontré:
La exposición de motivos del Proyecto 615 indica que “es necesario proveer herramientas a los municipios para la ejecución efectiva de sus deberes y para que continúen ofreciendo los servicios de primeras necesidades a los ciudadanos”. Esto se puede interpretar que sin las “herramientas” que este proyecto provee con las enmiendas del Código Municipal, los municipios no podrían “continuar ofreciendo los servicios de primeras necesidades”. Recordemos que ya el Fondo de Equiparación en Puerto Rico no existe, se acabó, y este fondo era uno estatal que distribuía dinero a los municipios para financiar servicios esenciales. En otras palabras, el gobierno central reconoce que hay municipios que están en una situación financiera precaria con la posibilidad de no poder ofrecer sus servicios.
El proyecto añade al Código Municipal una definición que antes no existía. El término “canal de voz” es ahora definido para incluir, entre otras cosas, “distintos medios tecnológicos de las telecomunicaciones, como …redes móviles, troncales, tecnología de conexión de datos en cualquier formato, … que permiten realizar llamadas y la transmisión de voz, audio y datos entre dos o más personas, dispositivos o sistemas; incluye, además, … antenas y sus estructuras relacionadas, …entre otros”. Como correctamente han dicho varias personas a favor de este proyecto, esta definición no dice nada de impuestos. Entonces, ¿de dónde se saca que nosotros los consumidores vamos a estar pagando impuestos por eso? … Pues sigamos leyendo…
El Libro VII del Código Municipal, titulado “Hacienda Municipal”, contiene las disposiciones para los Centros de Recaudación de Ingresos Municipales, conocido como el CRIM. En específico, el artículo 7.036, titulado “Facultad para Realizar la Clasificación y Tasación de la Propiedad”, ya contiene lo siguiente: “la planta externa utilizada para servicios de telecomunicación personal de telefonía celular, … propiedad de una persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicación personal de telefonía celular en Puerto Rico, se tasará a base de tres mil (3,000) dólares por cada canal de voz instalado, aunque no esté en servicio”. Ahora sí, ¡llegamos! Esta definición de “canal de voz” incluye, de manera amplia, diferentes componentes de las redes celulares, lo que significa que el CRIM puede incluir esos componentes en las tasaciones que hace de la propiedad mueble y la inmueble con fines tributarios, lo que a su vez significa que las compañías de celular tendrían que pagarle más impuestos a los municipios y, por ende, estas compañías estarían pasando esos costos a nosotros los consumidores.
¿Cuál es el propósito de esto? La actual administración del gobierno central sigue buscando maneras de conseguirles, a los municipios, salvavidas en forma de ingresos adicionales a costa de nosotros los contribuyentes. No quieren reconocer las siguientes verdades:
- No hay dinero para sostener la estructura gubernamental actual, por lo que es necesario buscar maneras de reducir el tamaño del gobierno y de reducir la cantidad de alcaldías y administraciones municipales. Para ponerlo en perspectiva, el estimado del 2024 de la población de Puerto Rico es de 3.2 millones de habitantes y tenemos 78 alcaldes. Sin embargo, si tomamos la ciudad de Chicago como ejemplo, hay 3.7 millones de habitantes y tienen un solo alcalde.
- La población de Puerto Rico sigue disminuyendo. Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, las defunciones en el 2000 fueron 28,847, pero en 2023 subieron a 34,253, un aumento de casi 19 %. A la misma vez, los nacimientos se han reducido dramáticamente, de unos 59,460 en el 2000 a unos 18,641 en 2023, lo que representa una merma de casi 67 %.
- Finalmente, alrededor del 30 % de la población de Puerto Rico tiene más de 60 años, lo que convierte a la isla en uno de los países más envejecidos del mundo.
El efecto de la crisis fiscal con la merma y el envejecimiento poblacional es que pronto, si no es que lo estamos viendo ya, no tendremos suficientes personas que trabajen para dar abasto a todos los servicios y estructuras gubernamentales que existen. Encima de eso, el sector privado tiende a pagar mejor que el público, por lo que la mayoría de las personas aptas para trabajar buscarán empleos en el sector privado. El sector público no solamente no tendrá el dinero suficiente para las estructuras actuales, sino que tampoco tendrá el personal para atenderlas. ¡Ya llegó el momento de dejar de poner parchos y buscar soluciones reales con fondos recurrentes y sustentables para el bien de nuestro pueblo!