En pleno fin de semana largo, miles de ciudadanos en Puerto Rico se quedaron sin acceso al agua potable, debido a varias averías en la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esto agravó los problemas constantes de comunidades sin agua en todo Puerto Rico. El manejo inconsistente y las deficiencias en comunicación sobre la situación hicieron de una situación incomoda, una insoportable.
La crisis del agua se sumó a la crisis energética, que lejos de resolverse, se agrava constantemente. LUMA Energy continúa bajo fuertes críticas por su incapacidad para garantizar un servicio eléctrico confiable; todo en medio de una pugna con el gobierno. Los apagones son constantes, los daños a equipos aumentan y el malestar ciudadano se profundiza. El gobierno incluso ha demandado a la empresa por la cantidad de reclamaciones rechazadas relacionadas con equipos dañados.
Pero la situación va más allá de LUMA. Genera PR, responsable de la generación de energía, enfrenta serios cuestionamientos tras los recientes conflictos con su suplidor New Fortress, que, irresponsablemente, ha retenido envíos de gas natural licuado por disputas de pago. A la misma vez, se han detenido contratos millonarios por preocupaciones regulatorias, mientras el país sufre las consecuencias de contratos malos para el interés público.
Todo esto ocurre casi diez años después de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Se suponía que esa crisis llevaría a una reestructuración que estabilizara al país. Sin embargo, lo que vivimos hoy es un cuadro de precariedad en servicios esenciales, con fondos federales que tardan en usarse, contratos malos para el país y una evidente falta de planificación estratégica.
El deber más fundamental de un gobierno es garantizar servicios esenciales. Cuando el agua y la electricidad fallan, lo que está en juego no es solo la comodidad, sino la dignidad, bienestar y, en ocasiones, hasta la vida de la gente.