La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, domingo, la firma de la gobernadora Jennifer González Colón a medida que permite que los padres y madres se opongan a la educación sexual en las escuelas públicas.
“La educación en temas de salud sexual es de vital importancia como lo son otras materias en el currículo. Esta instrucción debe ser desarrollada por expertos y expertas en la materia, al igual que ocurre con las matemáticas y las ciencias. Si se promueve la intervención de los padres en el currículo escolar debe ser por igual en todas las materias. La educación en temas de salud sexual es fundamental en la prevención de infecciones, embarazos no deseados y violencia. Limitar esta educación es exponerles”, aseveró Carmen Milagros Vélez Vega, directora de la Federación.
Las denuncias de la Federación LGBTQ+ surgen tras la reciente aprobación del Proyecto del Senado 2 en el que la gobernadora apoya los reclamos conservadores de lograr que madres, padres y tutores del sistema de educación público de enseñanza puedan opinar, proponer y descartar sobre el currículo de enseñanza en temas de sexualidad.
La pieza, además, obliga al Departamento de Educación a notificar con anterioridad sobre el contenido o material que se vaya a estar presentando en la sala de clases.
“Limitar la educación en temas de sexualidad en las escuelas públicas es perjudicial para el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. La evidencia demuestra que la educación sexual integral brinda herramientas para tomar decisiones informadas y salva vidas. Esta ley perpetúa la ignorancia, aumenta los riesgos de violencia, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Al igual que limita la labor de los educadores para enseñar, de acuerdo a la etapa de desarrollo de cada estudiante, vulnerando la dignidad de quienes más necesitan información para crecer libres y seguros”, dijo, por su parte, Eduardo Cintrón, secretario alterno de la Federación.
La ley enmienda el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para establecer de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos, otorgar la facultad para reglamentar y ampliar dichos derechos; y para otros fines relacionados.
Para de la exposición de motivos de la medida lee: “El derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos no puede ser usurpado por el Estado. Es responsabilidad exclusiva de cada madre, padre, tutor o encargado guiar ese proceso, en consonancia con los recursos que el Estado provee para esto, con el fin de criar y orientar a sus hijos menores de edad conforme a los dictados de su propia consciencia. Ni siquiera la facultad constitucional de parens patriae debe ser interpretada como un medio para menoscabar el derecho fundamental de los padres a dirigir la educación de sus hijos”.
El director de la Federación LGBGTQ+, Juan Caraballo Resto indicó que el proyecto debilita el currículo científico y profesional, así como la desigualdad en el acceso a la información.
“Este peligroso proyecto no va de ‘libertad de pensamiento’ en el espacio escolar público, sino de favorecer la creación de enclaves ideológicos y religiosos desamarrados del resto de la sociedad. El resultado probado de una medida como ésta le ha representado a otras sociedades un aumento en embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS), mayor vulnerabilidad ante el abuso sexual, el reforzamiento del estigma hacia las personas LGBTQ+, el debilitamiento del currículo científico y profesional, y la desigualdad en el acceso a información crítica”, indicó Juan Caraballo Resto, director de la Federación.
“Permitir que algunos estudiantes reciban educación sexual y otros no genera una brecha de conocimiento que puede afectar negativamente la toma de decisiones sobre la salud, las relaciones y el autocuidado. Peor aún, le abre la puerta a la censura de futuros temas, como derechos civiles, género, racismo o historia, entre otros”, concluyó.
El Proyecto del Senado 2, que fue convertido en la Ley 89 del 2025 por la gobernadora Jenniffer González Colón, contó con los votos a favor de toda la delegación novoprogresista, los senadores populares José Luis Dalmau y Luis Javier Hernández, así como del senador independiente Eliezer Molina.