Ante el más reciente aumento en la tarifa de energía eléctrica, un grupo multisectorial propuso este lunes una alternativa al actual modelo energético, que incluye revertir la privatización del sistema eléctrico y devolverle la operación a una Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
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La propuesta fue presentada por representantes de las diversas organizaciones ambientales, sindicales y sociales, quienes denunciaron el fracaso de los contratos privatizadores con compañías como LUMA Energy, Genera PR, New Fortress y AES Puerto Rico.
“Le vendieron al país un sueño que se convirtió en pesadilla. Con la Autoridad pagábamos menos y teníamos más. El gobierno tiene que aceptar que la privatización fracasó y no se puede seguir castigando al pueblo con un sistema eléctrico deficiente, contaminante y plagado de aumentos”, sentenció la coalición en declaraciones escritas.
Según la directora del Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, los contratos privatizadores, avalados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), prometieron tarifas estables, eficiencia y modernización del sistema. No obstante, el costo por kilovatio-hora alcanza actualmente los 26 centavos, superando por mucho los 20 centavos prometidos.
Vázquez también denunció que el contrato con New Fortress, incluyendo sus extensiones, representa $250 millones anuales solo por entrega de gas, mientras que Genera PR recibió un pago inicial de $110 millones y controla muelles clave en San Juan.
Además, señalaron que el gobierno pactó un rescate económico de $7,500 millones en 25 años para AES Puerto Rico, lo que permite la operación continua de su planta de carbón y la construcción de proyectos solares en terrenos agrícolas.
“Adicional a lo que nos cuestan estas compañías, el contrato de LUMA asciende a más de $140 millones anuales en cargos de servicios. Tiene un presupuesto hasta $250 millones más alto que el de la antigua AEE, y sin embargo, sigue siendo objeto de críticas por apagones frecuentes, ineficiencia y falta de conocimiento técnico”, denunció Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
La propuesta del grupo incluye restituir a los empleados desplazados de la AEE, por su peritaje en el sistema, reformar la Junta de Gobierno de la AEE “para que no responda a intereses político-partidistas”, transformar el Negociado de Energía en un ente regulador verdaderamente fiscalizador, y establecer una AEE pública con control ciudadano y transparencia.
Por su parte, la portavoz del grupo multisectorial, Maritza Maymí citó un estudio del economista José Alameda que estima que, de haberse mantenido la AEE operando la red, el costo del sistema entre 2023 y 2037 habría sido de $1,900 millones. Con LUMA, en cambio, el costo proyectado es de $2,692 millones, un sobrecosto de $792 millones que se traducirá en aumentos para los consumidores.
“Insistimos en que el sistema eléctrico no puede seguir siendo un experimento costoso y contaminante. Necesitamos recuperar el control público, con transparencia, justicia y eficiencia, para garantizar el servicio y detener los aumentos constantes a la luz”, sostuvo Maymí.
Los grupos hicieron un llamado a la gobernadora Jenniffer González para iniciar un proceso de diálogo y acción dirigido a reformar el sistema energético con “prioridad en el servicio, no en el lucro”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Sierra Club, UTIER, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Amnistía Internacional, Urbe APie, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Comité Diálogo Ambiental, Secretaría Ambiental del PIP, ProSol, Democracia Socialista, Sembrando Sentido y El Otro PR.