Unos cinco miembros de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico fueron despedidos por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantaron medios estadounidenses.
Según reportó el medio, Bloomberg, Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas fueron notificados mediante correos electrónicos sobre el despido el pasado viernes. Mientras que, Andrew Biggs y John Nixon permanecerán en el ente fiscal.
Fuentes de Metro Puerto Rico a nivel federal confirmaron que la movida de Casa Blanca para sacar a los miembros de la Junta está en proceso.
La información sobre los despidos fue publicada inicialmente por el medio Breitbart News Network en horas de la noche del lunes. Posteriormente, los despidos fueron confirmados a periodistas de Bloomberg por Casa Blanca.
Sin embargo, tras una petición de Metro Puerto Rico a la portavoz de la Junta de Control Fiscal, esta negó los despidos.
“La Junta de Supervisión cuenta con siete miembros activos y no hemos recibido información de lo contrario“, aseguró la JSF en declaraciones escritas a Metro Puerto Rico.
¿Qué es la Junta de Control Fiscal?
La Junta de Control Fiscal fue nombrada para fiscalizar las finanzas de la isla tras la aprobación de la Ley PROMESA en el 2016, durante la administración del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Los siete miembros del ente son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y líderes de la minoría en el Senado y la Cámara de Representantes a nivel federal. Mientras que uno de los miembros es nombrado por entera discreción del presidente de los Estados Unidos.
El cargo de cada miembro tiene una duración de tres años, posteriormente, hasta que sean sustituidos por miembros recién nombrados.
El gobernador o gobernadora de Puerto Rico o una persona designada por el primer mandatario representa al gobierno ante la Junta, pero sin derecho a voto. En este cuatrienio la gobernadora Jenniffer González ha asumido este rol.
A principios de este año, un informe publicado por la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público advirtió que el ente encargado de las finanzas del país podría permanecer en funciones hasta el 2030.
“Nuestra conclusión es que la Junta no se irá voluntariamente en los próximos seis años, aunque el proceso judicial esté por completarse”, explicó en declaraciones escritas Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión, y señaló que las interpretaciones sobre los requisitos de la Ley PROMESA para la salida de la Junta apenas comienzan a discutirse.