Un censo realizado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) reveló que cientos de escuelas públicas enfrentan graves deficiencias en infraestructura y servicios básicos, justo antes del inicio del año escolar 2025-2026. Los hallazgos levantaron señales de alerta sobre las condiciones mínimas necesarias para garantizar la enseñanza en los planteles del sistema público.
Según el informe del gremio magisterial, los coordinadores regionales de la AMPR inspeccionaron 675 escuelas, equivalentes al 79% del total en Puerto Rico. El análisis reveló problemas persistentes con el acceso a energía eléctrica, agua potable, ventilación adecuada y espacios recreativos seguros.
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Entre los hallazgos más significativos, se reportó que 451 escuelas no tienen generador eléctrico o poseen uno inoperante. Además, 298 planteles tienen subestaciones eléctricas fuera de servicio, afectando el funcionamiento de equipos esenciales. También se indicó que 264 escuelas carecen de cisternas funcionales, lo que representa una vulnerabilidad frente a interrupciones en el servicio de agua.
Durante la presentación del censo escolar, el presidente de la AMPR, profesor Víctor M. Bonilla Sánchez, advirtió que estas condiciones afectan directamente la calidad del proceso educativo y la salud del estudiantado y el personal docente.
“Los episodios de calor cada año son más intensos y, ciertamente, no contar con los recursos necesarios para poder mitigarlos afecta significativamente las condiciones laborales del magisterio y el proceso de enseñanza-aprendizaje”, expresó.
Otro hallazgo preocupante fue la ausencia de ventilación adecuada. El informe detalla que 24 escuelas no cuentan con abanicos para mitigar las altas temperaturas, lo que agrava la situación en un contexto de olas de calor extremo cada vez más frecuentes. Además, 117 planteles carecen de canchas deportivas operativas, ya sea por condiciones estructurales o por falta de mantenimiento.
El censo también documentó que muchas fuentes de agua en las escuelas no están funcionando, ya sea por fallas eléctricas o falta de mantenimiento. Esta situación pone en riesgo la salud de las comunidades escolares y compromete el cumplimiento de estándares sanitarios básicos en las instalaciones educativas.
Ángel Javier Pérez Hernández, secretario general de la Local Sindical, recalcó la urgencia de establecer Comités de Salud y Seguridad en cada plantel.
“Nos negamos a esperar a que ocurran emergencias para actuar. Cada plantel necesita un plan preventivo y un equipo capacitado que proteja a nuestros niños y maestros ante cualquier eventualidad”, sostuvo. Según explicó, estos comités incluirían representación del magisterio e integrarían los planes de emergencia del Departamento de Educación (DE) y de los municipios.
Bonilla también insistió en que se debe evitar el hacinamiento en las aulas y reiteró la propuesta de reducir a 15 la cantidad máxima de estudiantes por grupo. Argumentó que esta medida facilitaría la individualización de la enseñanza, aumentaría el rendimiento académico y evitaría la eliminación de plazas docentes.
En cuanto a los cambios curriculares anunciados por el Departamento de Educación de Puerto Rico, la secretaria general alterna de la Local Sindical, Vimarie Negrón Torres, y la secretaria de formación sindical, Glenda L. Rivera Vázquez, advirtieron sobre el posible aumento de la carga administrativa para los maestros.
“Aunque damos la bienvenida a los nuevos currículos y estrategias de enseñanza que abonan al desarrollo integral del estudiantado, esto no puede darse sin que haya una planificación, sin que nuestros maestros tengan los recursos y materiales necesarios y, mucho menos, sin que se respeten los derechos laborales de nuestros docentes”, expresó Negrón Torres.
En relación con la Carrera Magisterial, Bonilla recordó que miles de docentes siguen esperando pagos atrasados, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales.
“Iniciamos otro año escolar sin que miles de docentes sean remunerados. Ya hemos esperado demasiado. Volvemos a recordarle a esta administración que la Carrera Magisterial no es un favor ni una dádiva, es una obligación moral y financiera que el gobierno debe honrar”, denunció.
Actualmente, la AMPR mantiene en los tribunales una demanda presentada por 2,272 maestros, relacionada con pagos no efectuados desde 2014.