La reciente y sorpresiva decisión del presidente Donald J. Trump de despedir a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) ha estremecido el tablero político y económico de la isla. Más allá del ruido mediático o los debates partidistas, este movimiento tiene implicaciones profundas y urgentes para el futuro de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), uno de los procesos más complejos y controvertidos bajo PROMESA.
La AEE representa la última pieza del rompecabezas de reestructuración fiscal en Puerto Rico. A diferencia de otras corporaciones públicas, su deuda —estimada en alrededor de $9 mil millones— está atada a un servicio esencial: la electricidad. Esto convierte cada decisión sobre su deuda en un acto quirúrgico que debe balancear los derechos de los acreedores, la viabilidad del sistema eléctrico y la capacidad de pago de los ciudadanos.
Después de años de litigios, planes fallidos, enmiendas al RSA (Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración) y una creciente presión social contra nuevos aumentos en la factura, la JSF se acercaba a una decisión clave sobre si aprobar o no la versión final del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE. El despido presidencial ha dejado ese proceso en el limbo.
Legalmente, PROMESA le otorga al presidente de EE. UU. la facultad de remover a miembros de la Junta “por justa causa”, una cláusula que históricamente se había interpretado de forma laxa. Sin embargo, despedir en masa a la mayoría de sus miembros a tan solo semanas (o días) de una decisión tan importante plantea las siguientes interrogantes:
- ¿Qué constituye “justa causa” en este contexto?
- ¿Está el presidente utilizando la Junta como ficha política para cortejar ciertos sectores?
- ¿Quiénes reemplazarán a estos miembros y cuál será su posición en cuanto a la reestructuración de la deuda?
Este tipo de intervención alimenta la narrativa de que la JSF es, más que una entidad técnica, un instrumento político sujeto al vaivén federal, lo cual erosiona aún más su ya maltrecha legitimidad ante el pueblo puertorriqueño.
En el corto plazo, la salida de estos miembros puede atrasar sustancialmente el calendario de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE. Toda reestructuración requiere estabilidad, consistencia y negociación continua con múltiples partes: acreedores, bonistas, sindicatos, agencias federales, entre otros. Al eliminar a buena parte del equipo negociador, el nuevo grupo necesitará tiempo para ponerse al día, evaluar el estado del caso, y establecer su propio enfoque estratégico.
A su vez, esto le da municiones a los acreedores más agresivos, que podrían argumentar que el proceso ha perdido continuidad o legalidad. El tribunal federal que supervisa el caso (bajo la jueza Laura Taylor Swain) podría verse obligado a reevaluar ciertos aspectos procesales, generando más retrasos y aumentando los costos legales para el erario.
Para el ciudadano común, todo esto se traduce en mayor incertidumbre sobre la estabilidad del servicio eléctrico y el costo de la factura. Cada mes que pasa sin cerrar la reestructuración, la AEE sigue operando en modo precario, con costos crecientes, dependencia del petróleo y falta de inversión en infraestructura. Y mientras la Junta no apruebe un plan viable, no habrá certeza sobre cuánto pagará el consumidor en los próximos diez o 20 años.
La determinación del presidente Trump podría ser interpretada como un intento de reformular el rumbo de la JSF con miras a imprimir una visión más alineada con sus prioridades económicas o electorales. Pero hacerlo en medio del tramo final de la negociación de la deuda de la AEE es, en el mejor de los casos, una apuesta arriesgada; y en el peor, una receta para la parálisis institucional.
Puerto Rico no puede permitirse más dilaciones. Cualquier nuevo miembro designado a la JSF debe comprometerse desde el día uno con darle continuidad a las negociaciones existentes, evaluar con responsabilidad los acuerdos ya sobre la mesa, y entender que cada decisión sobre la deuda tiene consecuencias reales sobre la vida de tres millones de ciudadanos. Lo que está en juego no es solo el balance sheet de una corporación pública: es el futuro energético, económico y político del nuestra isla.