La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) alertó sobre una “crisis sin precedentes” en la prestación de terapias a estudiantes de Educación Especial bajo la Unidad de Remedio Provisional, ante el inicio del nuevo año escolar.
Según la entidad, el incumplimiento por parte del Ejecutivo del acuerdo alcanzado el 12 de junio de 2025 para aumentar las tarifas a los proveedores está dejando a miles de estudiantes sin servicios esenciales garantizados por ley.
Datos del Departamento de Educación revelan que, al 26 de junio, la Unidad de Remedio Provisional atendía a 28,113 estudiantes, mientras 32,607 con carta activa no tenían proveedor asignado. Además, el informe de cumplimiento del pleito de clase Rosa Lydia Vélez para 2023-2024 señala que 62,005 estudiantes no recibieron terapias en los 30 días posteriores a la revisión anual de su Plan Educativo Individualizado (PEI).
La APPSSRE argumenta que la negativa a revisar tarifas viola la Ley 85-2018, que exige ajustarlas al mercado y garantizar la prestación de servicios. Añadieron que once servicios no han recibido aumentos desde 2015 y que, según un análisis económico del doctor José Alameda, se requiere un incremento mínimo del 30% para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
La organización también descartó que la Ley PROMESA impida el aumento tarifario, señalando que el presupuesto del Departamento de Educación ha crecido de $2,500 millones a más de $5,000 millones mientras la matrícula se reduce.
“Lo que ya está ocurriendo es pérdida de especialistas, reducción de servicios e incremento en la cantidad de estudiantes sin terapia”, advirtió la APPSSRE, instando a legisladores y funcionarios a actuar para garantizar los derechos de esta población.
La organización llevó un campamento de protesta hasta La Fortaleza, pero denunciaron que les removieron sus pancartas y que les impidieron establecer casetas en las inmediaciones.