Del CPI
La Universidad de Puerto Rico (UPR) recibirá este año académico 2025–2026 a más estudiantes provenientes de escuelas privadas que del sistema público del país, algo que no había ocurrido en las últimas dos décadas, según reflejan los datos oficiales de la UPR, disponibles sólo a partir del 2006 y analizados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Hace unos veinte años, el 59% de los estudiantes de nuevo ingreso llegaba desde las escuelas públicas, mientras que el 39% provenía del sector privado. Sin embargo, para el ciclo que comienza en este agosto, se anticipa que sólo el 47% de los admitidos vendrán del sistema de educación público, frente a un 50% que llegará desde instituciones privadas.
El número de estudiantes admitidos de escuelas públicas bajó de 7,331 en el 2006 a 4,544 en el 2025, según los datos oficiales. En contraste, la admisión de estudiantes de escuelas privadas se mantuvo casi sin cambios: de 4,823 a 4,809 durante el mismo periodo.
Aunque no ocurre en todos los campus de la UPR, en el Recinto de Río Piedras los datos muestran que los estudiantes admitidos de colegios privados superan a los provenientes de escuelas públicas desde el 2006. En los recintos de Mayagüez y Bayamón, por ejemplo, los alumnos de escuelas privadas superan a los de la pública desde hace siete y cinco años, respectivamente.
Para Jocelyn Géliga Vargas, cocoordinadora hasta agosto de este año del Centro Universitario para el Acceso (CUA) —un programa del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) que ofrece tutorías y acompañamiento a estudiantes de escuela pública desde séptimo grado— ese cambio en la composición del estudiantado atenta contra la razón de ser del sistema universitario público.
“En el RUM hay más alumnos admitidos procedentes de escuelas privadas que de públicas. Esa no era la Universidad de Puerto Rico ni para eso se fundó. La Universidad debe seguir como el ente nivelador de esa promesa de movilidad social para los sectores más marginados, como lo vivieron mis padres, como lo viví yo, pero que para las generaciones actuales es cuestionable”, sostuvo.
“Nos están arrancando el sueño de estudiar”
Keyra Alexandra Mojica Rodríguez tiene 18 años y, en agosto, comenzará estudios de Administración de Empresas en el RUM. Llegar hasta ahí no fue un tránsito garantizado. Desde los 12 años ha vivido entre mudanzas en Peñuelas, Yauco, Ponce y, ahora, en Mayagüez. En todos esos pueblos tuvo que rehacer su vida de adolescente una y otra vez por razones que no siempre controló: la pobreza, los huracanes, los terremotos, el “bullying” y la inestabilidad familiar, que prefiere no revivir.
“Uno no nace para estar cambiando de tantos lugares”, dijo. Aún así, mira esas experiencias como aprendizajes para adaptarse a los cambios y las presiones de ser estudiante en tiempos de retos económicos y sociales.
Ahora vive con su abuela en Mayagüez, donde el pasado mayo culminó su cuarto año en la Escuela Superior Eugenio María de Hostos, mientras cumplía con dos trabajos que le ayudaban a empatar la pelea económica.
“Te dicen que tienes que tener tu futuro claro, buenas notas, vida social, un buen [resultado del] College Board, llevarte bien con tu familia, trabajar… y, si no, te hacen sentir como un fracasado”, reflexionó.
En su casa no se hablaba de la universidad como opción de futuro. Por eso, Keyra pensaba que lo más viable era matricularse en algún instituto y hacer alguna carrera vocacional corta, de un año o dos. Eso cambió cuando en el 2023 conoció los servicios que ofrece el CUA.
Para Keyra, sin el acompañamiento y las tutorías que recibió en el CUA, probablemente no habría aspirado a llegar a la UPR. El día que recibió la carta de aceptación, estaba junto a sus compañeros y mentores del programa, quienes compartieron su alegría y su logro como si fuera propio.
“Gracias a ellos [al equipo del CUA] supimos un montón de cosas del Colegio. Gracias a ellos tuve la oportunidad de entrar al recinto… El día que recibí la carta, estaba llorando, parecía una guinea… Lloré y lloré y no podía calmarme. Todos empezamos a llorar, y fue algo muy lindo, como una familia”, recordó.
A Keyra le preocupa que las políticas públicas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los programas de diversidad provoquen la desaparición del CUA y, por extensión, que otros jóvenes de comunidades desventajadas en Mayagüez pierdan la oportunidad de conocer lo que es una universidad y todo lo que esta puede ofrecerles.
“Como el CUA, hay muchos más programas que viven de los fondos federales y estatales. Es triste porque son ayudas para los estudiantes y para la juventud de Puerto Rico. No es que están desperdiciando el dinero o botándolo por chistear, es que están educando y están ayudando a hogares que necesitan de verdad, a hogares a los que la educación puede que no llegue, porque todos pintan que en Puerto Rico no hay pobreza y, en realidad, hay pobreza”, advirtió.
Como ejemplo, Keyra mencionó a compañeros de su escuela que, aunque sueñan con ir a la universidad, no podrán hacerlo por falta de recursos y apoyo.
“Es triste que le quiten a muchos el sueño, que se lo arranquen de las manos por un simple capricho de los altos rangos del gobierno”, sentenció.
¿Qué aleja a los jóvenes de escasos recursos de la UPR?
Según Géliga, la diversidad debe ser entendida más allá de categorías raciales o de género, e incluir también la procedencia académica, que a menudo está ligada a factores como clase social, acceso a recursos y a oportunidades educativas.
El sociólogo César Rey —quien dirigió el Departamento de Educación de Puerto Rico entre 2001 y 2004— explicó que la UPR ha dejado de percibirse como un camino viable de movilidad social, especialmente para jóvenes de escasos recursos que necesitan incorporarse rápidamente al mercado laboral para mejorar sus condiciones económicas.
Aunque los estudiantes de escuelas públicas mantienen un interés en ingresar a la UPR, la combinación de la pobreza —que los obliga a buscar opciones académicas más cortas o incorporarse pronto al mercado laboral— y las desigualdades estructurales del sistema educativo público, que afectan su preparación para cumplir con los estándares de admisión, contribuyen a que tengan menos probabilidades de entrar a la universidad pública en comparación con sus pares de colegios privados, expuso Rey.
“Hablamos de jóvenes que no pueden darse el lujo de esperar cuatro o cinco años para terminar una carrera, debido a los índices de pobreza que afectan a los estudiantes de escuelas públicas. Por eso, el rol de la universidad privada resulta más atractivo, porque son carreras cortas y sus estrategias de mercadeo proyectan ofrecimientos en tendencia”, señaló Rey, catedrático jubilado del Recinto de Río Piedras de la UPR.
Añadió que ese contexto en la educación superior pública puede “estar diezmando la capacidad de ese estudiantado”.
Apuntó, sin embargo, que tampoco se debe asumir que todos los colegios privados ofrecen una formación competitiva.
Los datos de admisión muestran que muchos estudiantes de escuelas públicas no logran ser admitidos a la UPR, pero Rey advirtió que atribuirlo únicamente a su falta de preparación puede ser injusto.
“Tengo ejemplos de escuelas públicas donde la educación es de primer orden, más allá de las especializadas”, apuntó.
Para Rey, más que una falta de capacidad individual, lo que afecta al estudiantado del sistema público es la inestabilidad estructural del Departamento de Educación de Puerto Rico. En 20 años, ha habido múltiples cambios de secretarios de Educación, se cerraron sobre 600 escuelas, ha habido revisiones constantes del currículo, modificaciones en las pruebas estandarizadas, en los textos y en la filosofía educativa, además de las presiones de las políticas federales, dijo. La debacle estructural y la crisis de confianza que enfrenta el Departamento de Educación en los últimos años se agravó con la condena por corrupción de los secretarios Víctor Fajardo y Julia Keleher, quienes dirigieron la agencia entre 1994 y 2000, y entre 2017 y 2019, respectivamente.
Desde 2006, la mayoría de las solicitudes de ingreso a la UPR provenían de estudiantes de escuela pública, pero a partir de 2022 la brecha comenzó a cerrarse y, en los últimos dos años, los egresados de colegios privados han superado a los de escuelas públicas en cantidad de solicitudes. Esta tendencia ocurre incluso cuando la cantidad de colegios privados ha disminuido en los pasados cinco años académicos. De las 668 instituciones privadas y escuelas-iglesias registradas en el año académico 2019-2020, quedan 640 en 2025, según datos del Departamento de Estado disponibles sólo a partir de 2019.
Aunque las solicitudes y admisiones a la UPR disminuyeron en ambos sectores, los datos anuales muestran que, en los últimos ocho años, los solicitantes de escuelas públicas lograron una tasa de admisión proporcionalmente mayor que la de sus pares de colegios privados. Sin embargo, al observar los datos acumulados desde 2006 hasta 2025, el 46% de los solicitantes de colegios privados que aspiraron a la UPR fueron admitidos, frente al 44% de los solicitantes de escuelas públicas que lograron ingresar.
Para Géliga, esa realidad provoca que “más estudiantes pudientes entren a la universidad pública, mientras los estudiantes menos pudientes están optando por carreras cortas, institutos o por ninguna educación superior”.
Por su parte, la antropóloga Rima Brusi, cofundadora del CUA, aseguró que los que logran entrar desde escuela pública se topan con un “disloque” entre el ofrecimiento escolar y las expectativas de la Universidad.
“En la UPR hay profesores que se quejan de que los estudiantes no llegan ‘listos’, en vez de adaptar metodologías para llevarlos hacia el rigor académico. Por eso vemos, por ejemplo, a estudiantes admitidos desde residenciales públicos que enfrentan un fuerte choque entre su trayectoria de superación y el mensaje institucional que les hace pensar que no pertenecen a la UPR”, señaló Brusi, quien es catedrática de la Universidad del Norte de Arizona.
La antropóloga recordó el caso de una estudiante del RUM que, a pesar de haber tenido excelentes notas en la escuela, comenzó a fracasar en la universidad por la falta de apoyo docente. Brusi advirtió que luego de superar el estigma de venir de un caserío y llegar a la universidad, “muchos jóvenes enfrentan un desfase entre esa idea de triunfo y la realidad universitaria, lo que les lleva a preguntarse: ‘¿quizás no soy material universitario y esto de ir a la universidad es [una] cosa que me inventé? Mejor me voy, consigo un trabajito, lo que sea’. Eso provoca esa sensación de falta de pertenencia”, explicó.
Esa inseguridad se agrava con los prejuicios y chistes que circulan en la universidad sobre las personas de residenciales públicos. “Unas estudiantes me contaron que escucharon bromas sobre [las personas] de residenciales, sin que nadie sospechara que ellas venían de un caserío. Se sintieron incómodas, hasta que una de ellas reaccionó: ‘mira, yo soy de caserío’, y el chamaco se quedó todo confundido”, relató Brusi.
Para la profesora, estas experiencias no reflejan falta de capacidad del estudiante, sino inseguridad ante el nuevo ambiente. “Muchos de estos estudiantes son extraordinarios. La vulnerabilidad que muestran no es algo inherente a su personalidad, sino una reacción al entorno universitario que no los reconoce ni apoya”, subrayó.
El CUA ante la incertidumbre
La tendencia hacia una composición estudiantil menos representativa del País en la UPR se ve agravada por las amenazas a programas de tutorías y apoyo en escuelas públicas diseñados para revertir esa exclusión, un panorama que podría intensificarse ante las políticas federales impulsadas por el presidente estadounidense dirigidas a limitar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en instituciones universitarias, advirtieron profesores de la UPR entrevistados por el CPI.
Uno de los programas directamente afectados por ese clima adverso es el propio CUA, que desde 2007 trabaja con estudiantes de escuela pública —especialmente aquellos que aspiran a ser la primera generación universitaria de sus familias— para fomentar su acceso y permanencia en la UPR mediante mentorías, orientación y acompañamiento académico.
Durante sus 18 años de existencia, el CUA ha impactado a más de 1,200 estudiantes de escuelas públicas y comunidades vulnerabilizadas en Puerto Rico. Aunque en sus inicios, en 2007, recibió apoyo económico de la UPR, desde hace cinco años el programa sobrevive casi por completo gracias a fondos de la Fundación Nacional de Ciencias federal (NSF en inglés) otorgados al RUM en 2021 de los que se asignaron poco más de $300,000 al CUA para su operación por cinco años. Con las medidas de Trump, la NSF ha recortado fondos a proyectos universitarios e investigaciones enfocadas en la diversidad, equidad e inclusión.
“La subvención con la NSF fue por cinco años y nos quedan fondos sólo para dos y, hasta ahora, no se nos ha notificado nada sobre su eliminación, pero tampoco sobre su continuidad. Ni sí, ni no… no nos han dicho nada sobre los fondos”, dijo Géliga.
En jaque otros programas de acceso a la universidad pública
Entre 2015 y 2017, el modelo del CUA se extendió a los campus de Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao y Río Piedras, mediante fondos otorgados por la Administración Central de la UPR y de la Fundación Francisco Carvajal. Pero ese crecimiento se detuvo en 2018, cuando concluyeron los fondos institucionales tras los recortes impuestos a la UPR por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Los recortes federales también han impactado a la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades (FPH), que le dio al CUA $20,000 para desarrollar un libro en el que los participantes del programa relataron el impacto que tuvieron en su vida y en sus procesos educativos los huracanes Irma y María en 2017, los sismos de 2020 y la pandemia del COVID-19. Según Géliga, el CUA no contará con una renovación de fondos otorgados por la FPH.
Por todos estos recortes, hoy el CUA recibe a menos de la mitad de los estudiantes que atendía en su mejor momento: de 105 por semestre entre 2008 y 2018 a apenas 40 en 2025.
Para Sandra Soto, profesora del Departamento de Inglés del RUM y coordinadora del CUA, esta merma refleja una falta de visión institucional sobre el acceso de estudiantes desventajados a la universidad pública.
“Las réplicas del CUA en otros recintos funcionaban. Sabemos que eran una manera de atraer más población estudiantil a la UPR”, sostuvo.
Sin embargo, cuestionó que, mientras la Universidad busca aumentar las cifras de admisión, a nivel sistémico no se invierte el tiempo ni el esfuerzo necesario para trabajar de manera cohesiva con las escuelas públicas y garantizar que más jóvenes se visualicen en el sistema universitario. Recordó testimonios de participantes que hoy cursan estudios graduados, pero que en escuela superior “pasaban frente al RUM todos los días y nunca pensaron que este era un espacio donde podían estudiar”.
La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, quien asumió el cargo el pasado 1ro de julio, reconoció que la merma en la admisión de estudiantes de escuela pública es contraria a la misión histórica de la UPR como vehículo de movilidad social. Aseguró al CPI que su administración buscará atender ese desbalance al crear programas de acompañamiento desde grados tempranos y campañas dirigidas directamente a estudiantes del sistema público. Sin embargo, cuando se le mencionó que ese tipo de iniciativa ya existe, por ejemplo, por medio del CUA, Jordán admitió que no sabía de ese proyecto.
“Yo no conocía del programa [CUA], pero me parece que el nuevo vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Jonathan Muñoz Barreto, que viene del RUM y habiendo participado activamente de esas iniciativas, pues está superbién posicionado para poder replicarlas en todos los recintos de ser posible”, dijo.
Pero luego dio un paso atrás.
¿Hay oportunidad para inyectarle fondos al CUA?
“La realidad es que tenemos el presupuesto [de la Universidad] bien comprometido”, dijo Jordán.
También propuso lanzar campañas dirigidas a estudiantes de escuelas públicas al “meterse en las escuelas” o sumarse a eventos de reclutamiento, algo que ya hace la UPR. Jordán afirmó, además, que apoyaría la expansión de carreras cortas como estrategia para responder a las realidades económicas del estudiantado.
Otro programa que también se vería impactado por los recortes de fondos federales es Talent Search, que funciona en el Recinto de Río Piedras desde 1989, con una subvención anual de $603,480 otorgada por el Departamento de Educación federal. Este programa ofrece servicios educativos y orientación a estudiantes desde sexto grado que provienen de 15 escuelas públicas en Río Piedras, Hato Rey, Santurce, Fajardo y Vieques.
El programa Talent Search no tendrá fondos en los 50 estados y territorios a partir del año académico 2026-2027, alertó José Vargas Figueroa, director del capítulo del Recinto de Río Piedras.
“El presidente Trump, en el presupuesto para 2026-27, asignó cero fondos para los programas. Es parte de la iniciativa para eliminar el Departamento de Educación federal”, dijo.
Vargas explicó que, a finales de julio, el Senado de Estados Unidos recomendó restituir el presupuesto, pero la medida aún debe pasar a consideración de la Cámara de Representantes federal, por lo que la incertidumbre persiste.
“Si los programas desaparecen, habrá que identificar fondos dentro de la UPR, pero quizás no sería con la misma fuerza, porque sabemos la limitación financiera de la Universidad”, añadió Vargas, quien dirige el programa desde hace tres años.
De los 213 participantes de cuarto año de escuela superior que participaron del Talent Search en 2024, 173 ingresaron a alguna institución postsecundaria y, de esos, 65 optaron por la UPR. El programa apoya a jóvenes de escasos recursos y con potencial para convertirse en la primera generación universitaria de sus familias, con el fin de que completen estudios postsecundarios.
“Nosotros, aunque estamos dentro de la UPR, trabajamos con un programa que parte de una ley federal que especifica que no podemos promocionar como única opción la institución en la que estemos adscritos. Se le da la opción a que sea el estudiante quien elija. Por ejemplo, los estudiantes de Fajardo y Vieques se inclinan a escoger la Universidad Interamericana de Fajardo y, quizás, el recinto de Humacao de la UPR”, explicó
Un esfuerzo reciente para expandir la presencia de estudiantes de escasos recursos en el RUM también encontró obstáculos, pero esta vez dentro de la propia administración universitaria. Una fuente con conocimiento directo de las gestiones aseguró al CPI que el rector de ese campus, Agustín Rullán Toro, se negó a respaldar una propuesta para incorporar a estudiantes de recursos limitados a programas de ingeniería, pues el rector consideró “una inversión onerosa” otorgar descargas, es decir, dedicar a profesores al nuevo esfuerzo en lugar de a sus clases, lo que hubiera implicado invertir $1.4 millones en fondos del RUM con los que el campus no cuenta.
El rector accedió luego a una enmienda a la propuesta que disminuyó de ocho a cinco los profesores participantes, quienes en conjunto tendrían una descarga de 26 créditos anuales. Esto implicaría una inversión total de $800,000 para el RUM durante los seis años que duraría el proyecto. La propuesta fue sometida a la NSF en febrero de este año, pero aún esperan respuesta.
Rullán dijo al CPI que, a su juicio, la solicitud de fondos a NSF no se vería afectada por las trabas del Gobierno federal en contra de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, ya que el enfoque del programa no se enmarca dentro de esas categorías.
“Este programa es para promover que estudien ingeniería, o sea, que no tiene que ver con diversidad, ni con inclusión, ni con equidad. Es para promover que haya más estudiantes participando en ingeniería dentro de unos parámetros, por ejemplo, económicos, pero no que fueran de escuela pública, que yo sepa”, declaró.
Sin embargo, dijo que el RUM cuenta con otras iniciativas para promover la entrada de estudiantes de bajos recursos, como un proyecto piloto financiado con $110,771 por la Fundación Azmat A. Assur, que ofrecerá cursos de matemáticas preuniversitarios y beneficiará a 30 estudiantes de escuela superior.
Al riesgo de los programas de acceso se suma que, en marzo pasado, la Junta de Gobierno de la UPR —ente rector de la política pública universitaria— eliminó su Comité de Accesibilidad, Diversidad e Inclusión, creado en 2021 para identificar mejores balances de representatividad social dentro del sistema. La eliminación de ese cuerpo respondió a la amenaza de la administración de Trump de retirar fondos federales a universidades que fomenten iniciativas explícitas de diversidad en sus campus.
Isar Godreau Santiago, investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayey, señaló que el clima político actual no sólo obstaculiza la creación de programas inclusivos, sino que perpetúa un sistema que desalienta a jóvenes a aspirar a grados universitarios más allá de los técnicos o carreras cortas.
“Lo que hace este ambiente político con Trump es que no ayuda a que la Universidad tenga recursos y programas para lograr que esas poblaciones diversas lleguen y se acerquen a la institución”, sostuvo Godreau, quien fue la coordinadora del capítulo del CUA en el campus de Cayey.
El problema no es sólo la falta de estudiantes, sino el acceso
Para la profesora Géliga, uno de los problemas que evidencian las estadísticas de solicitudes versus admisión es que la UPR no ha atemperado sus estándares de admisión a la realidad académica precaria a la que se enfrentan los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico. Un estudio del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (hoy Junta de Instituciones Postsecundarias) alertó en 2004 que el descenso anticipado de la demanda de estudios universitarios por parte de egresados de escuelas públicas sería causado por la desigualdad de ingresos en la población, el aumento en los precios de los créditos universitarios, los cambios en las ayudas financieras federales, que provocan que más estudiantes tengan que solicitar préstamos estudiantiles, y la incidencia de padres y madres adolescentes.
La profesora Géliga añadió que el estudiantado actual es producto de diversas crisis socioambientales que han entrecortado sus procesos de educación escolar.
“Los periodos de interrupción escolar causados por los terremotos de 2020 y por la transición a la modalidad de educación en línea debido a la pandemia del COVID-19, poco tiempo después, dieron un golpe devastador a sus procesos educativos, así como a su motivación para estudiar y aprender”, sostuvo.
La profesora Soto, por su parte, también apuntó a que la crisis económica ha transformado los patrones de acceso a la educación superior, afectando incluso a familias de clase media que antes podían costear colegios privados y universidades en Estados Unidos. “Hay otras poblaciones del sistema escolar privado que logran admisión porque tienen esa red de apoyo y orientación que muchas veces nuestras y nuestros participantes [de CUA] no tienen”, dijo.
Admisión automática: ¿solución a medias?
La Legislatura de Puerto Rico aprobó en junio un proyecto para crear la “Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico”, impulsado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La medida propone que todo estudiante de undécimo grado de escuela pública o privada y que se encuentre dentro del 20 % con el promedio más alto de su clase sea admitido automáticamente al sistema universitario público.
El exsecretario de Educación, César Rey, consideró que la propuesta podría funcionar, pero si se implementa de forma experimental por al menos tres años, pues además de contar con un buen promedio, haría falta evaluar las carencias, si alguna, de los estudiantes.
“El proyecto debe venir con unos apoyos a esos estudiantes que llegan por medio de esa fórmula, con tutorías, de ser necesario, y entender cuáles son las destrezas que se necesiten complementar. Debe haber un equipo profesional que esté a cargo de la entrada de esos estudiantes”, dijo.
A su juicio, permitir que la UPR tenga acceso preferente a los estudiantes con mejor desempeño podría representar una “tabla de salvación” ante la merma en la matrícula provocada por la inversión de la pirámide sociodemográfica y la reducción de jóvenes en el país.
Aunque el proyecto del senador Rivera Schatz busca aumentar la entrada de estudiantes, particularmente desde el sistema público, el proyecto no asigna recursos nuevos a la Universidad para implementar este cambio.
La aprobación de la medida ocurre en un momento en que el gobierno federal evalúa cambios en los requisitos para acceder a la Beca Pell, una ayuda económica fundamental para estudiantes de bajos ingresos. Dado que una porción significativa del presupuesto de la UPR proviene de fondos federales vinculados a estas becas, cualquier modificación en su acceso podría tener un efecto directo sobre los ingresos de la institución, especialmente si aumenta la matrícula sin una asignación presupuestaria local que la respalde. Rey advirtió que la discusión sobre aumentar la entrada de estudiantes al sistema UPR debe considerar, además, el One Big Beautiful Bill Act, impulsado por el presidente estadounidense, que cambia la distribución de fondos federales, los préstamos y las deudas estudiantiles, especialmente en estudios graduados.
Yarimar Rosa Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras, recalcó que el proyecto no contempla que la pobreza no desaparece al entrar a la Universidad, sino que muchas veces se recrudece.
“El estudiante se desvincula de un entorno familiar, pierde el techo, la comida, cuando se reubica en Río Piedras”, apuntó. Destacó que se debe atender esta realidad, a la vez que se admite automáticamente a estos estudiantes.
“Cómo considerar a una institución que no me va a cobijar por ser diverso, pero me hará más pobre”, cuestionó.
Desde 2017, la UPR ha perdido la mitad de su presupuesto como resultado de los recortes fiscales impuestos por la JCF.
Esa merma ha debilitado su capacidad operativa, por lo que la institución no cuenta con el personal ni la infraestructura suficiente para atender un aumento significativo en la demanda de servicios académicos, advirtió la profesora Géliga.
Raúl Santiago Bartolomei, coordinador de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), explicó que, aunque la organización respaldó el proyecto, lo hizo con reservas. En particular, le preocupa que la iniciativa no incluya un estimado concreto de cuántos estudiantes adicionales se integrarían al sistema universitario como resultado de la medida.
“Hemos planteado que un aspecto que debe repensarse es que el proyecto no estima cuánto aumentaría la matrícula, para poder saber qué recursos son necesarios para asegurar que haya educación de calidad para los estudiantes que vayan a entrar, como, por ejemplo, que hayan profesores suficientes, recursos bibliotecarios suficientes o que la planta física esté en orden, y que esto no provoque todo lo contrario: que haya una reducción en la tasa de graduación de la Universidad”, dijo el profesor de la Escuela Graduada de Planificación.
Aumentar la matrícula sin la asignación de más recursos implicaría una mayor carga para el sistema: más necesidad de profesores, seguridad, mantenimiento y servicios básicos como agua, electricidad e internet, entre otros gastos esenciales para el funcionamiento de los recintos, añadió.
Aunque en la entrevista con el CPI la presidenta de la UPR reconoció que no había leído el proyecto de ley —y posteriormente aclaró que se refería a la versión final de la medida— , anticipó que tiene reservas que espera discutir con la Gobernadora. Señaló que la medida no contempla una asignación de fondos para cubrir el aumento en gastos que implicaría más estudiantes, más profesores y la apertura de nuevas secciones de clases, hasta el incremento en costos de servicios como luz, agua, seguridad o internet.
“Veremos si la Gobernadora lo firma. Entonces, iríamos a ver si podemos reclamar nueva legislación o enmiendas al proyecto para ver si podemos habilitar fondos que nos permitan prepararnos para la admisión automática y también para financiar las estructuras de remediación que vamos a necesitar”, dijo Jordán.
Santiago Bartolomei adelantó que, si la Presidencia de la UPR realmente exige una enmienda al proyecto para garantizar la asignación de fondos adicionales, la APPU podría evaluar respaldar ese reclamo.
Rey insistió en que aprobar una medida sin garantizar su viabilidad económica es condenarla al fracaso.
“Ese es el gran problema de la política pública de este país: dar ideas, pero no se subsidian. Así se anticipan los fracasos”, afirmó.
Para que la propuesta funcione, agregó Rey, la Universidad, la JCF y el comité de presupuesto de la Cámara de Representantes deben comprometerse con asegurar los fondos necesarios.
La periodista Gabriela Carrasquillo Piñero colaboró en el análisis de datos para esta investigación.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.