En Puerto Rico, el acceso a la información pública se ha debilitado notablemente desde la aprobación de la Ley 141: la proporción de solicitudes atendidas por las agencias pasó de 47.6% antes de la ley a apenas 33% en la actualidad, y el tiempo promedio de respuesta aumentó de 26 a 39.2 días laborables, según un informe que también alerta sobre nuevas medidas legislativas que podrían añadir más trabas.
El señalamiento forma parte del Informe tras vistas públicas sobre los Proyectos del Senado 63 y 331, coordinadas por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que advierte que ambas medidas legislativas profundizarían un patrón de opacidad gubernamental.
El informe recalca que, aun con el marco legal actual, la falta de cumplimiento y voluntad institucional limita el acceso a la información. Casos documentados por Sembrando Sentido muestran demoras de hasta 186 días y respuestas incompletas, mientras que Vínculo Animal PR advierte que las prórrogas excesivas comprometen intervenciones urgentes, como las que involucran denuncias de maltrato animal.
De hecho, bajo el marco de derecho actual, Metro Puerto Rico ha estado solicitando información pública al Departamento de Educación sobre el año académico pasado y al inicio del curso escolar los datos no han sido provistos, según solicitados. Esto, a pesar de que la administración González ha planteado por voz de su secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, que son la más transparente. En los pasados dos años, este diario ha tenido que recurrir al tribunal —al a,paro de la Ley 141— para solicitar los mismos datos del Departamento de Educación.
El P. del S. 63 propone duplicar los plazos de respuesta de las agencias, exigir notificaciones adicionales a jefes de agencias y limitar los formatos en que se entrega la información. Para organizaciones como Sembrando Sentido y Vínculo Animal PR, estas disposiciones institucionalizarían la dilación y excluirían de facto a comunidades con menos recursos o conectividad.
Por su parte, el P. del S. 331 busca clasificar como confidenciales las bases de datos del Registro Demográfico, lo que —según Kilómetro Cero y el Observatorio de Equidad de Género— impediría investigaciones críticas sobre violencia de género, muertes bajo custodia estatal y uso de fuerza policial.
Ninguna de estas medidas fue aprobada por la gobernadora Jenniffer González al culminar la primera Sesión Ordinaria del cuatrienio, lo que implica que se tendrían que volver a radicar y empezar el trámite nuevamente para ser reconsideradas.El P. del S. 63 había sido referido a la Comisión de Gobierno del Senado, pero no se rindió informe sobre la medida. En cambio, el P. del S. 331 fue aprobado por ambos cuerpos legislativos, sin la celebración de vistas públicas, pero la gobernadora le dio un veto de bolsillo.
Las 13 organizaciones que participaron en las vistas ciudadanas coinciden en que cualquier enmienda a la Ley 141 debe surgir de un proceso participativo que incluya a periodistas, la academia, comunidades y organizaciones especializadas, con el objetivo de ampliar el acceso, reforzar la fiscalización pública y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado.