La Fiscalía Federal en el caso por corrupción contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, reaccionó a una moción presentada el martes por los abogados de defensa y aseguran que son expresiones “completamente fabricadas” al mismo tiempo que advierten están listos para ir a juicio.
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Se trata de una respuesta a una moción informativa presentada ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, donde la defensa de Vázquez desmiente teorías de conspiración y enfatiza en el “colapso del caso” tras la revisión de pruebas.
En su respuesta, la fiscalía negó que las declaraciones atribuidas a abogados del gobierno o la dirección del Departamento de Justicia federal sobre un “colapso” del caso o que se “arriesgaron” fueran realizadas.
“Las citas atribuidas a los abogados del gobierno y a la dirección del Departamento en la moción de Vázquez son completamente fabricadas. La acusación en este caso no “colapsó” y los Estados Unidos están listos para proceder a juicio, si es necesario”, lee la moción.
Del mismo modo, los fiscales reaccionan a la alegación de la defensa en la moción donde aseguran que un fiscal de alto rango de Justicia federal reconociera que la acusación se había “derrumbado y ya no es viable”, por lo que se habría comenzado el acuerdo de culpabilidad.
“Aunque los fiscales estaban (y siguen estando) preparados para llevar a juicio el caso según lo acusado en la acusación formal, la resolución negociada con esta acusada y los demás acusados fue apropiada y consistente con las prioridades de aplicación de la ley del Departamento de Justicia. Además, los Estados Unidos mantienen su posición de que las negociaciones de declaración de culpabilidad se llevaron a cabo de buena fe en nombre de los Estados Unidos y sirvieron para conservar recursos judiciales y de la fiscalía”, añade el documento.
¿Qué dice la moción de la defensa?
La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sometió ante el Tribunal federal una moción informativa con el objetivo de aclarar y corregir el registro judicial respecto a las circunstancias que llevaron al acuerdo de culpabilidad en su caso.
La moción responde a una orden emitida el pasado 8 de julio, por la jueza federal Silvia Carreño-Coll, quien criticó duramente la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar los cargos graves de soborno y fraude contra Vázquez Garced y sus coacusados, para imputarles únicamente un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).
En esa orden, la jueza rechazó una petición para una vista virtual y expresó que “la pena por violar esta sección es un simple tirón de orejas comparado con lo que enfrentaban antes”, aunque aclaró que constitucionalmente el tribunal no puede intervenir en la discreción fiscal.
En su “Moción informativa para aclarar el expediente respecto a las negociaciones de acuerdo de culpabilidad”, la defensa respondió a la orden de Carreño-Coll que plantean dio paso a que se sugiriera que el acuerdo fue producto de “directivas presumiblemente emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos” o de favoritismos políticos.
La defensa sostiene en el documento de 28 páginas que la resolución se fundamentó en una “investigación metódica” que arrojó evidencia tan contundente que llevó a los fiscales a reconocer que el caso se había “derrumbado”.
Entre los puntos clave que la defensa plantea está la ausencia de cualquier directiva política. Según el escrito, no existe prueba en el expediente de que los fiscales recibieran órdenes desde el Departamento de Justicia. Por el contrario, las comunicaciones oficiales describieron las negociaciones como “de buena fe” y orientadas a “resolver el caso en aras de la justicia” y ahorrar recursos judiciales y privados. Incluso un alto funcionario del Departamento de Justicia declaró al inicio de las conversaciones que “la acusación no será desestimada”.
La defensa enfatiza que realizó una exhaustiva investigación durante 22 meses, que incluyó decenas de entrevistas, análisis de miles de documentos y uso de citaciones judiciales, centrando su trabajo en el estándar legal establecido en McCormick v. United States, que requiere demostrar un “quid pro quo explícito” en casos de contribuciones de campaña.
Entre los hallazgos, se señala que la decisión de Vázquez Garced de destituir al comisionado George Joyner ocurrió en noviembre de 2019, meses antes de cualquier contacto alegado con el acusado Julio Herrera Velutini, lo que hace “imposible cualquier quid pro quo” conforme a la jurisprudencia. Este despido formó parte de una reforma administrativa amplia, ya que la exgobernadora reemplazó a más de 20 jefes de agencias entre 2019 y 2020.
La moción también desmiente las acusaciones basadas en eventos sociales y reuniones, como la boda del 4 de enero de 2020 y encuentros en La Fortaleza, donde testigos claves negaron que se discutieran asuntos relacionados con Joyner, la OCIF o contribuciones políticas. Asimismo, un activo del FBI contradijo la teoría de una reunión “crítica” en febrero de 2020, asegurando que no se intentó sobornar a la exgobernadora.
Destaca además la ausencia de cualquier comunicación electrónica incriminatoria, pese a que el gobierno revisó aproximadamente 65 millones de documentos sin encontrar mensajes o correos que sustenten la acusación.
Tras presentar estos hallazgos, un fiscal de alto rango del Departamento de Justicia reconoció que la acusación se había “derrumbado y ya no es viable”, iniciándose entonces las negociaciones para el acuerdo de culpabilidad.
La moción plantea que las acusaciones tuvieron un alto impacto personal y familiar sobre Vázquez Garced y su entorno. “Lo más doloroso, las acusaciones expusieron a la familia de la Gobernadora Vázquez, incluidas sus hijas, al acoso y a las amenazas en las redes sociales, obligándolas a soportar el escrutinio público y los ataques personales basados en falsas caracterizaciones de enriquecimiento personal que el gobierno ahora admite que nunca ocurrieron.”
Además, la defensa enfatiza que: “Esto no es ‘una simple palmada en la muñeca’, representa tres años de sufrimiento injustificado basado en una acusación que colapsó cuando fue sometida al escrutinio apropiado.”
La exgobernadora Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes inicialmente se exponían a hasta 20 años de prisión por un supuesto esquema de soborno para destituir a un regulador bancario en 2020, ahora enfrentan únicamente un cargo por aceptar aportaciones de extranjeros a campañas políticas.