La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, llevó a cabo una vista pública para atender la Resolución del Senado 75, que busca investigar los protocolos y medidas de las instituciones financieras para prevenir la explotación económica de los adultos mayores.
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“Sabemos que por años Puerto Rico ha estado pasando por diversas situaciones y quizás este es uno de los temas más abarcadores y delicados que hemos estado enfrentando como puertorriqueñas y puertorriqueños. Para mí es un honor y un privilegio que vengo de la banca. Mi expertise de más de 20 años en empresa privada, en varios bancos donde tuve la oportunidad de poder pertenecer a la alta gerencia, de igual manera ver los protocolos que en aquellos momentos existían desde los bancos que hoy ya no están, pero hay unos que sí han prevalecido y he tenido la oportunidad de pertenecer a ellos. Para mí es sumamente importante la presencia de ustedes aquí”, expresó la senadora Wandy Soto Tolentino.
Compareció a deponer la licenciada Stephanie Rivera en representación de la OPPEA.
Rivera expresó que “mejorar las condiciones de vida de la población de adultos mayores, garantizar su bienestar físico y emocional conforme a la política pública es el norte de nuestra Procuraduría. El resultado de la presente investigación puede contribuir a esta meta”. La deponente sostuvo que entre las circunstancias más difíciles que atienden se encuentran los casos en los que el familiar autorizado en la cuenta o el apoderado utiliza el dinero del adulto mayor para su beneficio.
De igual manera, Rivera mencionó que en la OPPEA fiscaliza las querellas de maltrato hacia los adultos mayores. La deponente detalló que para el año fiscal 2023-2024, la OPPEA recibió un total de 147 querellas de explotación financiera. En comparación con el periodo del 2013-2014 cuando se recibieron 46, en los años subsiguientes han ido en aumento en este renglón. Para el año fiscal 2024- 2025, las querellas hasta abril de este año van por 85. Además, indicó que las estadísticas reflejan la cantidad de 2,103 querellas que proviene de los hijos(as) como perpetradores en términos de maltrato y delito hacia las personas de edad avanzada. Siendo el renglón de los hijos la mayor cantidad. En otros parientes se muestran 296 querellas y desconocidos 282.
Asimismo, Rivera explicó los procesos establecidos en la OPPEA para evitar el fraude. Dijo que al recibir un referido de explotación financiera por parte de una institución financiera, cooperativa o compañía aseguradora, la Unidad de Protección y Defensa de la OPPEA procede a evaluarlo. Rivera explicó que como parte de la evaluación del referido, el funcionario de OPPEA contacta al remitente para aclarar información o solicitar datos adicionales. También, se comunica con el adulto mayor. Si de la conversación con el adulto mayor resulta que autorizó la transacción o que no se fundamenta el referido, el funcionario asesora al adulto mayor sobre lo que implica la explotación financiera y cómo prevenirla.
Otra responsabilidad de la OPPEA en los casos de explotación financiera es la de colaborar con la investigación de la policía y fiscalía para el encauzamiento criminal del perpetrador. Además, la Oficina provee asesoramiento legal no solo a los adultos mayores sino también a cualquier persona que a favor del adulto mayor así lo solicite.
Soto preguntó cuántos casos se han esclarecido porque la banca tiene unos términos. Rivera respondió que la Unidad de Protección y Defensa, que es el programa que recibe estas querellas, todo va a depender de las gestiones que tengan que completar, porque si tienen que recurrir al tribunal, ahí es que entonces se extiende el periodo de que se resuelva un caso. “En este momento no puedo proveer un número en específico de cuántos se han resuelto, pero si nos provee un término podemos enviar la información”.
La senadora otorgó cinco días laborables para proveer los detalles. Rivera añadió que en el área donde labora, en gestiones extrajudiciales, sin tener que recurrir al tribunal han logrado unas restituciones de dinero. Igualmente, a preguntas de Soto sobre los términos establecidos, Rivera indicó que cuando es una emergencia se atienden en 24 horas. Cómo se define la emergencia, la deponente señaló que eso dependerá caso a caso.
En la misma línea se presentó a la audiencia la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos. Álvarez aseguró que están comprometidos con la protección financiera de los adultos mayores. “En cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, nuestros bancos han establecido protocolos para prevenir la explotación financiera de adultos mayores e incapacitados, y mantienen a su personal debidamente adiestrado para prevenir y detectar posibles casos”, dijo la deponente.
Álvarez explicó que trabajan con la ley aplicable para la protección financiera de los adultos mayores. Estas son La Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como “La Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; y la Ley Núm. 76-2020, según enmendada, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”.
Igualmente, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) promulgó el Reglamento 9368 de 25 de marzo de 2022 con el propósito de prevenir y detectar la explotación financiera. Además, explicó que “a nivel federal, nuestros bancos miembros están sujetos al cumplimiento con lo dispuesto en el “Interagency Statement on Elder Financial Exploitation” que provee lineamientos que deben observar los bancos asegurados para la prevención de la explotación financiera a adultos mayores”.
La deponente explicó que entre otras medidas de precaución que de manera continua los bancos informan a sus clientes están revisar los balances de las cuentas y los detalles de las transacciones con regularidad para confirmar los pagos y datos de otras transacciones, y reportar inmediatamente cualquier transacción sospechosa a su institución financiera; diseñar procesos de seguridad que tengan como propósito principal establecer controles internos en el negocio que limiten la desviación de fondos; crear una contraseña fuerte con por lo menos 12 caracteres; entre otras medidas.
La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cómo se protege la confidencialidad y los derechos del cliente durante una investigación. Álvarez respondió que “no se puede dar información precisa de las cuentas, del dinero que tiene esa persona, de qué tipo de cuenta. Esa información solamente puede ser ordenada por un juez o el titular de la cuenta que la autorice”.
“Como un esfuerzo adicional a lo que hacen nuestros bancos de manera individual, esta Asociación mantiene campañas de educación a la ciudadanía en general dirigidas a orientar y educar sobre fraudes tales como el robo de identidad y los crímenes cibernéticos, así como información en s u página web sobre medidas para protegerse y evitar ser víctimas de estos delitos”, abundó Álvarez.
Por su parte, Soto expresó que “nosotros los legisladores, también queremos involucrarnos con ustedes, empresas privadas o las agencias, porque somos los que estamos recogiendo para que aquellas leyes que están en el olvido atemperarlas, a ponerlas en estos tiempos y recogiendo todo lo de hoy aquí, podamos crear una ley que sí sea una alerta con vigor, con promoción en los centros, en todas las tiendas, en las bancas y que también se vea estamos procurando que esto se resuelva”.