La recién aprobada Ley 89 de 2025, en su inciso h, permite que padres y madres priven a sus hijos e hijas de recibir educación sexual en las escuelas públicas. Esta disposición plantea varios riesgos. La agencia que representa la política pública en educación ha guardado silencio cuando debería ser proactiva y acercar a las familias a las escuelas para que comprendan cómo se enseña y con qué metodología curricular. Que algunas y algunos estudiantes carezcan de conocimientos clave sobre su sexualidad por decisión de sus progenitores no solo les pone en riesgo, sino también a muchas personas con las cuales se relacionan. No vivimos en una burbuja. Veamos las contradicciones, irregularidades y fallas de esta legislación, aprobada sin vistas públicas. Obliguemos la conversación y eduquémonos como país.
- Las familias ya tienen derechos garantizados, pero tanto este como los anteriores gobiernos los han usurpado, y continúan violentándolos. El Pleito de Clase de Educación Especial es prueba fehaciente de esto, así como el cierre de escuelas, que afectó a miles de familias. Así que, ¿de qué estamos hablando? El argumento de esta ley, de establecer el derecho de las familias de guiar la educación de su prole, se va por la tangente. Se contradice con la responsabilidad del Estado de educar en múltiples contenidos como lo es la sexualidad integral, un cuerpo de conocimiento probado y amplio que nunca ha ignorado las emociones.
- El tema de la afectividad – El Departamento de Educación ha diseñado un manual de actividades sobre las emociones, que entra en vigor este año académico en todos los niveles. Sin embargo, esa terrible contradicción del inciso h excluye a estudiantes de la “educación sexual y de afectividad” que necesitan.
- Sexualidad integral vs mala información – Está comprobado que la mayoría de las familias no aborda los temas de sexualidad en el hogar. Por ello, delegar selectivamente la responsabilidad sobre contenidos clave como la salud sexual y reproductiva no es una defensa de la familia, sino un abandono de deberes fundamentales. Peor aún, abre la puerta a que la opinión de algunos sectores reemplace el peritaje profesional de docentes formados científicamente para abordar estos y otros temas.
- Poblaciones con diversidad funcional – En recientes tesis universitarias, se ha evidenciado la deseabilidad de las familias de estudiantes con diversidad funcional de que reciban el contenido de sexualidad humana y prevención en las escuelas.
- Esta ley, en vez de fomentar el diálogo y el trabajo conjunto, cuestiona la legitimidad y la preparación del cuerpo docente para dar lecciones de sexualidad, relaciones humanas, consentimiento, salud menstrual o prevención de infecciones. ¿Desde cuándo un maestro o maestra pierde autoridad profesional por enseñar contenidos basados en ciencia y en saberes interdisciplinares?
- Permitir exclusiones crea lagunas de conocimiento. El estudiantado que pierda estas lecciones queda sin herramientas para protegerse, para entender sus derechos o para relacionarse de forma saludable; les pone en peligro y puede desatar situaciones que afecten adversamente al prójimo.
- La evidencia internacional (OMS, UNICEF, UNESCO) es contundente: los países con educación sexual integral obligatoria han logrado reducir significativamente los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia sexual en jóvenes. Costa Rica, por ejemplo, implementó, en 2012, el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral como parte de una estrategia nacional para enseñar educación sexual en todos los niveles educativos. El porcentaje de partos de madres adolescentes descendió de 19% en 2012 a 9% en 2021. Por ello, el llamado es a restaurar las certificaciones en salud escolar y a educar con enfoque en sexualidad, salud integral, prevención de ITS y violencia en las relaciones de parejas adolescentes.
- La educación sexual no es adoctrinamiento. Es prevención. Es salud pública. Es una respuesta a contextos donde demasiados menores aún sufren abuso, desconocen su anatomía, o enfrentan estigmas sobre su orientación sexual o identidad de género.
- 9. Tres agencias cómplices por elección – Los departamentos de Educación, Familia y Salud quedaron al margen de esta discusión porque así lo eligieron. No alzaron la voz de sus respectivos peritajes y no exigieron vistas públicas.
En conclusión, lo verdaderamente amenazante no es conocer de sexualidad humana ni hablar de emociones y afectividad, sino quedarnos en la oscuridad de conocimientos. Las escuelas no son extensiones del hogar ni centros de adoctrinamiento moral: son espacios públicos y laicos, donde el conocimiento debe ser riguroso, inclusivo y accesible para todas las personas.
Puerto Rico necesita más educación, no menos. Se necesita educar al 100% del estudiantado y sus familias, y contribuir a detener los abusos y maltratos, los feminicidios y asesinatos de odio. Necesitamos más diálogo, no exclusión. Sobre todo, necesitamos una política pública que reconozca el valor de la docencia, el derecho de cada estudiante y el rol indelegable del Estado a educar.
Con esto, también levanto bandera sobre el rol de la universidad pública, que en sinergia con las buenas universidades privadas, forman al magisterio y otros profesionales de la salud, la consejería, el trabajo social, el derecho, las ciencias médicas, y aquellos que laboran en la formación de una ciudadanía crítica, responsable y saludable.
Como educadora y psicóloga, advierto que esta ley reduce la capacidad del mismo Estado de proteger a sus menores y desprofesionaliza al magisterio, cediendo ante voces que, muchas veces, desde la desinformación, exigen silencios que terminan costando vidas.