La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió al Departamento de Educación (DE) un plan multianual para enfrentar la reducción de fondos federales extraordinarios y respaldó la decisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de ordenar la devolución de recursos estatales usados como medida de transición.
En una carta enviada ayer, 15 de agosto de 2025, al director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, el organismo fiscal señaló que el DE, con un presupuesto de $5,300 millones en el año fiscal 2025, depende en gran parte de fondos federales no recurrentes. Señalaron particularmente los asignados por la pandemia bajo el programa ESSER.
A inicios de 2025, el Departamento de Educación federal redujo la fecha de liquidación de esos fondos al 28 de marzo de 2025, lo que puso en riesgo alrededor de $508 millones en gastos corrientes del DE. Aunque en junio se restableció la fecha de cierre original al 31 de marzo de 2026, la agencia recurrió mientras tanto a transferencias del Fondo General para cubrir obligaciones, lo que ascendió a aproximadamente $135 millones.
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El pasado 22 de julio, OGP ordenó al DE devolver esos fondos estatales, instrucción que la JSF respaldó en su comunicación. No obstante, el ente federal insistió en que la responsabilidad no se limita a la devolución del dinero, sino a la creación de un plan sólido para los próximos años.
“El Gobierno debe desarrollar una estrategia clara para atender los riesgos financieros y operacionales que surgen con la terminación de fondos federales no recurrentes”, advirtió el director de la JSF, Robert Mujica, en la misiva.
La Junta solicitó un plan que detalle qué programas concluirán, cuáles se financiarán con ingresos recurrentes y cómo se manejarán los déficits proyectados en el año fiscal 2026 y posteriores.
Esta acción de la JSF surge después del despido de seis de sus siete miembros.