La legisladora municipal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en Guayanilla, Saime Figueroa, denunció como una “traición” a la comunidad inmigrante el rechazo de la Asamblea Municipal a un proyecto de ordenanza que buscaba asegurar el acceso a servicios esenciales sin importar el estatus migratorio.
El proyecto de ordenanza núm. 04, Serie 2025-2026, fue derrotado con dos votos a favor y nueve en contra, la mayoría de ellos de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP). La medida proponía establecer como política pública municipal la prohibición de discriminar a personas por su estatus migratorio en la prestación de servicios, así como impedir que las autoridades municipales realizaran detenciones o intervenciones únicamente para indagar sobre el estatus migratorio de un individuo.
También prohibía a escuelas, hospitales y entidades municipales brindar información a agencias federales de inmigración y buscaba impedir arrestos civiles en lugares sensibles como iglesias, refugios, hospitales y planteles escolares.
“Como maestra he tenido la oportunidad de ver el temor de mis estudiantes ante la ola de redadas contra las personas migrantes. Y es por ellos que presenté esta ordenanza. La noche de ayer fue una muy triste para nuestras comunidades de Guayanilla. (…) Hoy la legislatura municipal de su pueblo les ha fallado”, expresó Figueroa en declaraciones escritas.
La legisladora, que representa al MVC en el cuerpo, se mostró decepcionada con sus pares municipales. “Estoy tan decepcionada y frustrada de los compañeros legisladores municipales a los que el título de honorables hoy les está quedando grande”, afirmó.
Según datos recopilados por Microjuris, en Puerto Rico comenzaron a establecerse ciudades santuario como Hormigueros y Aguadilla. El reportaje del portal especializado en temas legales destaca que los inmigrantes que residen en Puerto Rico vienen principalmente de República Dominicana, Venezuela y Haití. En Hormigueros se aprobó una ordenanza que prohíbe que se recopile información sobre estatus migratorio, prohíbe sus policías y otro personal hacer intervenciones contra personas solo por su estatus migratorio, indica que no se asistirá a autoridades federales en estos operativos, y enumera una serie de sitios que son considerados sensibles para los derechos humanos, como escuelas, iglesias y tribunales.
Mientras que en Aguadilla, las ordenanzas 82 y 83 establecen políticas de protección a la comunidad inmigrante. La primera limita la cooperación del municipio con autoridades federales en operativos migratorios, salvo en casos de orden judicial válida o amenaza comprobada a la seguridad pública. Entre sus disposiciones se incluyen la prohibición a empleados municipales de colaborar en redadas basadas en estatus migratorio, la creación de protocolos para solicitudes de información federales, el compromiso con el acceso igualitario a servicios y la capacitación constante del personal sobre derechos de los inmigrantes.
Por su parte, la ordenanza 83 crea un Equipo de Trabajo de Respuesta interdisciplinario que diseñará planes y protocolos de manejo ante redadas, brindará asistencia legal y social a las personas afectadas, coordinará apoyo inmediato a familias y establecerá canales de comunicación intermunicipales. Con estas medidas, Aguadilla se suma a otras jurisdicciones de Estados Unidos que han adoptado políticas santuario para reforzar la equidad y la inclusión de las comunidades migrantes.
Recientemente hubo controversia porque el Departamento de Seguridad Pública cortó fondos al municipio de Aguadilla por sus políticas de ciudad santuario.
El MVC ha impulsado ordenanzas de este tipo en San Juan, Trujillo Alto, Vieques, Quebradillas, Vega Baja y Guayanilla, como parte del Frente de Organizaciones en contra de las Políticas Migratorias de Trump.