La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, confirmó que un menor fue acogido bajo el programa de protección de testigos en el marco de la investigación por el asesinato de Gabriela Nicolle Pratts Rosario en Aibonito.
En el caso de ese menor, la agencia había iniciado un plan de acción protectora con su familia, pero Roig aclaró que no está bajo la custodia del Departamento. “En ese caso no, porque está bajo la protección del Estado, no bajo el Departamento de la Familia, sino bajo el programa de víctimas y testigos”, sostuvo en entrevista en el programa Pegados en la Mañana con Milly Méndez en Radio Isla. No abundó en más detalles para no afectar la investigación que sigue en proceso, pues las autoridades no descartan más arrestos.
“La investigación sigue abierta. Estamos evaluando toda la evidencia y no descartamos la radicación de cargos adicionales”, afirmó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en el mismo espacio radial.
El jefe de la Policía, Joseph López González, aseguró que se trata de una de las investigaciones más prioritarias para la uniformada. “Este es un asesinato atroz que ha conmovido al país. Nuestros agentes han trabajado de forma continua para recopilar la prueba necesaria y presentar un caso sólido en los tribunales”, expresó.
Hasta el momento, Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Ambas fueron ingresadas a instituciones carcelarias: Cabrera Rivera en Bayamón y su hija en un centro juvenil en Ponce. A cada una se le impuso una fianza de un millón de dólares.
La vista preliminar fue señalada para el 25 de agosto, y la menor será procesada como adulta. La defensa calificó las fianzas como “abusivas”, aunque no se ha informado si se solicitará una reducción.
El caso ha provocado discusión sobre el ambiente violento en el que crecen muchos jóvenes y el rol del sistema escolar en la prevención. Durante el programa, la psicóloga Alis Pérez Fernández destacó que tanto Gabriela Nicol como la acusada habían sido transferidas de escuela por incidentes de acoso. “Estas conductas no surgen de la nada; son el reflejo de ambientes violentos que no se atendieron a tiempo”, advirtió.
La confirmación de que un menor fue acogido bajo protección de testigos añade una nueva dimensión a este proceso judicial, que ya se perfila como uno de los más estremecedores del año en Puerto Rico.