La transparencia, en el sistema de justicia, es un pilar fundamental para sostener la confianza ciudadana y garantizar el Estado de derecho. El reciente asesinato de una joven en Aibonito, que ha generado una oleada de indignación en Puerto Rico, pone a prueba esta premisa. La conmoción colectiva es comprensible; la pérdida de una vida en circunstancias tan trágicas despierta en todos un clamor por justicia. Sin embargo, en medio del dolor y la rabia, debemos recordar que un sistema judicial justo y equilibrado no puede ceder ante la presión social, por legítima que sea.
El caso de Gabriela Nicolle Pratts Rosario, de 16 años, ha captado la atención pública por su brutalidad y por las circunstancias que lo rodean. El arresto de madre e hija, la fianza impuesta y la posibilidad de más acusadas ha avivado el debate. Las manifestaciones en las redes sociales y las declaraciones oficiales reflejan la urgencia de justicia. Pero esta urgencia no debe traducirse en juicios apresurados. Cada acusada merece un proceso donde las pruebas sean claras, las alegaciones se sustenten y el debido proceso se respete. La presunción de inocencia, consagrada en nuestra Constitución es un derecho inalienable, no un privilegio negociable. La indignación que sentimos, aunque natural, no debe convertirse en un veredicto prematuro. Un sistema de justicia transparente no solo protege a las víctimas, sino que asegura que los responsables sean identificados con pruebas sólidas, evitando errores que perpetúen la impunidad o condenen a inocentes.
Casos similares han mostrado cómo la opacidad y la presión social pueden desviar la verdad, dejando a las víctimas sin justicia y a la sociedad sin respuestas. Preservar un sistema judicial justo exige paciencia y rigor. La transparencia garantiza que cada paso del proceso sea visible, que las pruebas hablen por sí mismas y que la verdad prevalezca sobre la furia. Solo así honraremos a las víctimas y construiremos una sociedad más fuerte, donde la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad tangible. La consigna es clara: probemos de manera inequívoca sus actuaciones y entonces, sin contemplaciones, que les caiga todo el peso de la ley.