Tras semanas de ausencia en el ojo público y luego de que se filtrara un documento donde se señalan alegados actos de violencia en su contra, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, regresó tanto a sus labores en el Senado de Puerto Rico como a las redes sociales.
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Rodríguez Veve publicó en sus plataformas sociales un video en el que aplaude la determinación del gobierno anunciada hoy, donde se cancela el contrato del sistema de escaneo de carga en el Puerto de San Juan bajo la empresa S2PR, tras catalogar el mismo como oneroso, insuficiente y sin resultados en seguridad ni recaudación contributiva.
“El 12 de mayo advertimos que el contrato de inspección de furgones no era bueno para Puerto Rico. Por eso presentamos la R. del S. 176, que ordenaba una investigación sobre el costo-beneficio, la legalidad y los resultados en seguridad y economía de este contrato. La transparencia, la eficiencia y la reducción de costos en los servicios gubernamentales no son un lujo, son una necesidad para asegurar que hacer negocios en Puerto Rico sea más ágil, económico y competitivo. Nuestro compromiso está con cada familia puertorriqueña, que merece productos esenciales a precios accesibles”, escribió Rodríguez Veve junto con el video publicado en Instagram.
La senadora estuvo en los pasados días bajo la atención pública luego de que se filtrara un documento donde se alega que un analista político cometió actos de violencia de género contra la legisladora. Posteriormente, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) indicó que se trataba de un documento alterado, pero confirmó que las autoridades se encuentran investigando los alegados actos.
El pasado sábado Rodríguez Veve envió una solicitud de investigación a la Policía de Puerto Rico tras la filtración del documento.
Según la carta escrita a puño y letra, que ha sido publicada por varios periodistas en las redes sociales, la petición fue realizada el 22 de agosto de 2025 a las 9:43 de la noche.
“Solicito a la Policía de Puerto Rico llevar a cabo una investigación sobre la procedencia y filtración del documento anónimo proveniente de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) y circulado en redes, cuyas alegaciones debieron ser de carácter confidencial por las repercusiones que podrían tener en la vida de las personas involucradas. Alterar documentos oficiales y divulgar información confidencial es un delito, por lo que solicito la investigación correspondiente”, lee la carta.