Un grupo de siete organizaciones ambientales y sociales radicó un recurso de mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para exigir que el Negociado de Energía (NE) cumpla con su deber de identificar terrenos aptos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. El reclamo busca detener la proliferación de proyectos solares industriales en áreas protegidas que, según los demandantes, amenazan la seguridad y soberanía alimentaria de Puerto Rico.
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La acción legal señala que el NE y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no han cumplido con la Ley de Política Pública Energética, que ordena identificar lugares idóneos para la instalación de energía renovable, excluyendo suelos agrícolas de alto valor. El abogado Omar Saadé Yordán explicó que el Negociado se ha negado a atender el procedimiento administrativo previo, a pesar de que el Tribunal ya había determinado que debía canalizarse mediante querella.
“La intervención del Tribunal es esencial para evitar que las organizaciones se queden sin un foro que atienda el incumplimiento de las agencias con sus deberes en ley”, advirtió Saadé.
Las entidades demandantes recalcaron que no se oponen a la energía renovable, pero sí a que se desarrollen proyectos industriales en terrenos agrícolas. La licenciada Ruth Santiago destacó que respaldan alternativas como la energía solar en techos con almacenamiento y las microrredes comunitarias, que aportan resiliencia al sistema sin comprometer la producción local de alimentos.
“Hoy en día, el 85% de lo que consumimos en Puerto Rico es importado. No debemos poner en riesgo el escaso suelo agrícola que nos queda”, sostuvo Santiago.
El recurso también denuncia que el NE sigue evaluando proyectos industriales sin haber completado la identificación de terrenos aptos, lo que ha llevado a que muchos se propongan en Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas y en la Reserva Especial Agrícola, clasificaciones incompatibles con estos desarrollos.
Las organizaciones reclaman que se prioricen espacios alternativos como rellenos sanitarios cerrados o terrenos previamente contaminados. Además, solicitaron que el Tribunal ordene al DDEC identificar los lugares aptos y someter un informe al NE, excluyendo expresamente las tierras agrícolas protegidas.
El licenciado Gabriel Meléndez, de la organización El Puente, recalcó que el asunto es urgente:
“El Negociado continúa aprobando proyectos sin identificar los lugares aptos ni aplicar el Plan de Uso de Terrenos. Esto amenaza terrenos agrícolas valiosos y comunidades cercanas”.
Las entidades que presentaron el recurso son: Liga de Ciudades PR Inc., Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., El Puente de Williamsburg Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida y Mujeres de Isla Inc.