La Oficina del Inspector General (OIG) identificó posibles irregularidades por parte de una exfuncionaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) quien presuntamente se benefició, a través de diversas empresas, de contratos millonarios con el gobierno durante y después de haber ocupado un puesto de confianza en el servicio público.
El informe de la OIG cuestiona más de $11 millones en salario y contratos de reconstrucción sufragados con fondos estatales y federales, de los cuales se beneficiaron compañías relacionadas a la exfuncionaria y contratista del DTOP.
“Del proceso investigativo se validó y se desprende que la exfuncionaria no divulgó sus intereses privados al DTOP ni a la ACT, y que intervino directamente en procesos en los cuales existía un posible conflicto de interés”, detalló el informe de la OIG.
La exempleada fue nombrada el 25 de enero de 2021 y, entre sus funciones, servía como enlace entre la Oficina del Secretariado y la Oficina de Obras Públicas; intervenía en el manejo de fondos federales relacionados con estas oficinas y, entre otras tareas, cumplía funciones de coordinación como “Chief of Staff” de la secretaria del DTOP durante la pasada administración.
Según el informe, mientras la exfuncionaria ocupaba el puesto de confianza como ayudante especial en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), corporación pública adscrita al DTOP, su compañía familiar resultó beneficiada mediante subcontratos con empresas contratadas por ambas dependencias gubernamentales. Además, previo a su designación en la agencia, su empresa mantenía un subcontrato vigente en el DTOP. Posteriormente, la compañía que subcontrató la empresa familiar resultó favorecida con la intervención de la exfuncionaria.
En ambas instancias, la compañía incluyó al esposo de la empleada, representante de la empresa, como subcontratista o consultor. En uno de los contratos evaluados por la OIG, se desprende que la funcionaria es codueña de la empresa familiar, accionista y socia de la corporación con un 50 % de participación.
En documentos evaluados por al Área de Querellas e Investigaciones de la OIG, evidencia que la exfuncionaria respondió diversas preguntas de la OEG, en las que indicó que solo se relacionaba con la ACT mediante comunicaciones con el director ejecutivo; que su compañía no tenía contacto directo con la ACT; que no intervenía en la selección de contratistas para el DTOP y la ACT; que las funciones administrativas del DTOP y la ACT eran independientes; y que no contaba con un documento de inhibición sobre asuntos relacionados con su compañía, debido a que esta no tenía contrato alguno directamente con el DTOP ni con la ACT.
Sin embargo, la evaluación de la OIG sobre la información recopilada concluyó que, aunque el puesto ocupado por la funcionaria como ayudante especial del secretario estaba bajo la jurisdicción de la ACT, fue autorizado por la secretaria del DTOP, y sus funciones inherentes al cargo estaban directamente relacionadas con la autoridad nominadora.
Según la OIG, al omitir información en la consulta a la OEG, la exfuncionaria pudo haber inducido a error a la agencia, ya que no notificó claramente que estaba nombrada en la ACT, donde su compañía tenía subcontratos. El informe establece que, luego de ser designada en funciones de política pública del DTOP, la funcionaria participó en procesos de subasta en los cuales su compañía fue incluida a través de las propuestas presentadas por los licitadores que participaron en dichas subastas.
Se señala que la funcionaria pudo haber utilizado sus funciones y deberes como una oportunidad para acceder a información privilegiada y emplear la subcontratación como un subterfugio para que su compañía resultara beneficiada
De acuerdo con el informe, los costos cuestionados se dividen en $3,527,029.39 por concepto de salario de la funcionaria, así como de contratos y enmiendas en los que su esposo o la compañía de esta estuvieron contratados o subcontratados, en incumplimiento con las normativas vigentes; y $7,617,480.40 por concepto de contratos de ACT, que incluyeron a la compañía de la funcionaria como recurso subcontratado, durante el período en que estuvo nombrada en dicha agencia y luego de su renuncia.
La OIG, en su deber ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, realizó los correspondientes referidos a las entidades estatales concernientes, para que se evalúen las irregularidades señaladas en el informe.
De igual forma, se solicitó al secretario del DTOP y al director ejecutivo de la ACT establecer mecanismos escritos para que los funcionarios y contratistas del DTOP que participen en procesos de adjudicación de subastas, compras o contratos certifiquen no estar en conflicto de intereses. Asimismo, se recomendó el establecimiento de mecanismos de inhibición ante cualquier situación que represente, en los hechos o en apariencia, una incompatibilidad ética o profesional.