El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, solicitó la tarde del miércoles que le quiten las escoltas policiacas a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, tras declararse culpable a nivel federal por aceptar promesas de aportaciones de un extranjero a su campaña política del 2020.
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Torres expresó mediante declaraciones escritas que la ahora convicta no merece gozar de un privilegio que es costeado con fondos públicos.
“Es inaceptable que, mientras nuestro pueblo sufre por falta de recursos en seguridad, se mantenga un gasto de miles de dólares en escoltas para una persona convicta. Hago un llamado urgente al Superintendente de la Policía para que elimine de inmediato este privilegio injustificable”, sentenció el también abogado.
Finalmente, el legislador reiteró su compromiso con la lucha anticorrupción y con impulsar medidas legislativas que aseguren el buen uso de los fondos públicos.
“Seguimos trabajando duro para devolverle al pueblo la confianza en sus instituciones y garantizar que la justicia y la seriedad prevalezcan”, concluyó Torres.
Más temprano, la exmandataria acudió al Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, para hacer admisión de culpabilidad de un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).
En sala, ante la magistrada Sylvia Carreño Coll, se estipuló que la donación Vázquez Garced recibió de su campaña fue de más de $15 mil dólares, pero no más de $25 mil.
La vista de sentencia contra la exgobernadora fue pautada para el 15 de octubre a las 1:30 p.m.
Se trata de la primera vez en la historia política de Puerto Rico que un exgobernante resulta con una convicción en un caso federal de corrupción.
Como parte del proceso, también se declararon culpables sus coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes admitieron responsabilidad por canalizar y ofrecer aportaciones extranjeras ilegales a campañas políticas, en violación a FECA.
El caso contra la exmandataria surgió en agosto de 2022, cuando un gran jurado federal la acusó junto a Herrera Velutini y Rossini por un presunto esquema de soborno y fraude.
La acusación alegaba que, a cambio de contribuciones de campaña y asesoría política, la entonces gobernadora destituiría al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, y nombraría a un funcionario favorable a los intereses de Herrera Velutini, quien enfrentaba investigaciones regulatorias por parte de la OCIF.
Inicialmente, los cargos podían implicar hasta 20 años de prisión por conspiración, fraude electrónico y soborno. Sin embargo, tras meses de negociaciones con fiscales del Departamento de Justicia en Washington D.C., los señalamientos se redujeron a un solo cargo bajo la Ley FECA, específicamente por aceptar aportaciones de extranjeros a campañas políticas, considerado un delito menor.