El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, envió una carta al superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González mediante la cual solicita que se elimine el servicio de escoltas para la exgobernadora Wanda Vázquez, quien se declaró culpable por corrupción ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos.
Lee también: Wanda Vázquez se declara culpable en caso federal y se convierte en la primera exgobernadora convicta en Puerto Rico
A través de una carta con fecha del 28 de agosto del 2025, el representante hizo referencia al artículo de la Ley que otorga a la Policía la responsabilidad de proveer escoltas a exfuncionarios del gobierno.
“Nos dirigimos a usted con el mayor respeto para solicitar que se reevalúe y se deje sin efecto el beneficio de escolta de seguridad otorgado a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced”, comienza la carta.
“Como sabe, la Ley 83-2025 conocida como Ley de la Policía de Puerto Rico, dispone en su Artículo 16 que la Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al gobernador de Puerto Rico y a su familia durante el término de su incumbencia. Además, dispone que aquellos funcionarios o exfuncionarios a quienes la Policía les provea servicio de escolta, seguridad y protección sólo tendrán derecho a recibirlo en la jurisdicción o territorio de Puerto Rico, con excepción del gobernador de Puerto Rico”, añade.
AHORA: Portavoz del PPD en la Cámara @HectorFerrerPR pide a la Policía que le cancelen la escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez. pic.twitter.com/wNTh9GI0DQ
— Rafael Lenín López (@LeninPR) August 28, 2025
Sin embargo, en el día de ayer, el superintendente ya se había expresado ante cuestionamientos sobre el servicio de escoltas para la exprimera mandataria.
“Como es de conocimiento público, desde el 2017 la Oficina de Seguridad y Protección, encargada de la protección de funcionarios y exfuncionarios, estuvo adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP). Sin embargo, el pasado 11 de agosto, a tenor con lo dispuesto en la Ley 83 de 2025, que separó a la Policía de Puerto Rico del DSP, solicité que dicha oficina regresara a la Uniformada. Dentro de este proceso de transición, entre las políticas, reglamentos y órdenes que he instruido que se revisen, está el concerniente a los servicios de seguridad y protección a exfuncionarios”, dijo en declaraciones escritas.
González añadió que la División Legal de la Uniformada está evaluando el caso y que una vez reciba el informe tomará una determinación.
“Tan pronto culmine este proceso, procurando la misma transparencia de siempre con el pueblo de Puerto Rico, lo comunicaré públicamente“, añadió.
La exmandataria se convirtió en la primera exgobernadora convicta en la historia de Puerto Rico, tras aceptar culpabilidad por un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), como parte de un acuerdo negociado con la fiscalía federal en Washington DC que permitió descartar cargos más graves.
El cargo específico fue aceptar y recibir aportaciones de un extranjero para fines de campaña política, lo cual está prohibido por la FECA.