La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, se refirió este jueves a la controversia sobre la carta filtrada de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), que contiene alegaciones de violencia de género contra la senadora Joanne Rodríguez Veve y que señalan al analista político Carlos Mercader.
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Gómez Torres confirmó que el Departamento de Justicia ha tomado acción en el caso, aunque no ofreció mayores detalles. Según explicó, la investigación está en curso y las gestiones ya comenzaron.
“Se han hecho gestiones sobre ese particular. No puedo abundar mucho porque es un caso que está en investigación. Nosotros nos proponemos investigar o entrevistar, debo decir, a todas las personas involucradas. Está bajo investigación”, afirmó la secretaria.
La funcionaria también aclaró que, aunque la víctima no presente formalmente una querella, el Estado puede intervenir en este tipo de casos. Señaló que la política pública es clara en cuanto a que la violencia doméstica requiere acción inmediata y que cualquier persona cercana a la víctima puede dar la voz de alerta.
“Eso es así. Aprovechamos para hacer un llamado a todas las personas que tengan conocimiento de que alguien está pasando o siendo víctima de violencia doméstica, que se comuniquen, a que levanten su voz si es un primo, un tío, un compañero de trabajo. Ese es nuestro llamado”, apuntó.
Respecto a la polémica sobre la filtración de la carta, la secretaria fue enfática en que el asunto está bajo investigación. Se cuestionó si la persona que filtró la carta, se entiende había cometido un delito.
Ante esto, la secretaria informó que en una carta recibida en Justicia de Rodríguez Veve, que “la senadora ha pedido que se investigue ese particular y se está investigando”.
Respondió, además, que todavía no cuentan con la totalidad de los hechos y las circunstancias que permitan llegar a esa conclusión.
“Tenemos que tener la totalidad de los hechos y las circunstancias que ahora mismo no los tenemos (…) Podría ser un delito. Tenemos que ver la totalidad de las circunstancias”, expresó.
En ese sentido, recordó que la confidencialidad en casos de violencia de género es un principio esencial, y que el Departamento de Justicia ha sido cuidadoso en proteger esos procesos.
“La confidencialidad en estos casos es importante. Por eso nosotros somos bien cuidadosos con las expresiones que hacemos. Así que una vez culminada la investigación, nosotros procederemos conforme a los resultados de la misma”, manifestó.
De hecho, justo el miércoles la procuradora de las Mujeres,Astrid Piñeiro Vázquez, confirmó que contrató una firma privada para investigar quién filtró la carta anónima que circuló en redes sociales.
“Desde el día que llega esa carta a nuestra oficina, soy yo quien activa a la Policía de Puerto Rico. Así que, desde el primer momento, tanto yo como todo el personal ha estado cooperando con el proceso porque somos los primeros interesados en que esta situación se esclarezca”, comenzó diciendo Piñeiro Vázquez en una entrevista con Telenoticias (Telemundo).
“Ha habido más de una (entrevista por parte de la Uniformada). Yo he estado cooperando con el proceso”, agregó.
La funcionaria comentó que ya entregó toda la información requerida por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).
Asimismo, que ya analizaron si algún empleado de la agencia fue quien reveló la información, por lo que descartaron la “filtración interna”.
“Esa investigación interna fue echa por un ente exterior a nuestra agencia porque queremos que la integridad nuestra sea intachable”, sostuvo.
Culpabilidad de Wanda Vázquez
Durante la conferencia, también fue cuestionada sobre la vista de culpabilidad contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable el miércoles en el Tribunal Federal de un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).
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Vázquez enfrenta una pena máxima de hasta un año de cárcel, una multa que no sobrepase los $100,000 y un año adicional de libertad supervisada. No obstante, la Fiscalía federal precisó que, conforme a las guías de sentencia, la condena de prisión se ubicaría entre seis meses y un año.
Ante preguntas de la prensa, la secretaria Gómez Torres reiteró el mensaje institucional de que la ley se aplica sin distinciones ni privilegios, independientemente de la posición social o política de los acusados.
“La expresión que voy a hacer sobre ese particular es que nadie está por encima de la ley. El que cometa un delito tiene que responder por el mismo. (…) Desde que me incumbense en el Departamento de Justicia, lo he dicho, aquí trabajamos sin colores. Sin mirar el estatus social o la profesión de la persona. Nadie está por encima de la ley. El que incumpla la ley va a responder”, indicó Gómez Torres.