En Puerto Rico, la vida cotidiana se ha convertido en una lucha constante contra la inestabilidad de los servicios básicos. Mientras el sol tropical ilumina nuestras playas, miles de hogares permanecen sin energía o sin una gota de agua potable. Esta crisis no es un accidente climático, sino el resultado de años de mala gestión, contratos fallidos y negociaciones estancadas. Analicemos las noticias más recientes sobre energía y agua para entender la magnitud del problema.
En el sector energético, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue atrapada en su quiebra de sobre $10 mil millones. Sobre la mesa continúa una propuesta de la Junta que reduce la deuda a $2.6 billones, pero parece tener los días contados luego del despido de seis de los siete miembros por parte del presidente Donald Trump. LUMA Energy y el gobierno enfrentan varias batallas en los tribunales, siendo la más contenciosa la posible cancelación del contrato que ha costado billones en operaciones, mientras LUMA acusa al gobierno de no cumplir con la inversión a la que está obligado. Mientras tanto, los apagones persisten y el calor se intensifica.
La crisis del agua no es menos alarmante. A finales de julio, se convirtió en la noticia principal, luego de que miles de hogares quedaron sin servicio debido a razones que aún son cuestionadas. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha sido criticada por su torpe manejo en medio de la crisis que provocó incluso la activación de la Guardia Nacional. Sin embargo, esta no es noticia nueva, pues en Puerto Rico hay comunidades que llevan años sin acceso al agua en pleno siglo 21.
Estos fallos en energía y agua ilustran una crisis más amplia: la crisis de servicios esenciales en la que estamos sumidos hace años, producto de burocracia, ineficiencia y falta de inversión. Puerto Rico necesita reformas urgentes. Sin acción inmediata, el futuro será más oscuro y seco. ¿Cuánto más aguantaremos?