El Senado aprobó este jueves el Proyecto del Senado 38, que facilita que menores acusados de delitos graves puedan ser procesados como adultos, en medio de una ola de crímenes de alto perfil en la isla en los que los sospechosos son menores de edad.
La medida, presentada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico para atemperarla al Código Penal de 2012, garantizando “uniformidad en las penas y mayor coherencia en su aplicación”.
La legislación redefine la categoría de “Faltas Clase III” para incluir delitos como homicidio, agresión sexual, robo, secuestro, incendio agravado, incesto, sodomía y apropiación ilegal de vehículos, entre otros.
También ajusta la jurisdicción del Tribunal de Menores, establece criterios más claros para que un caso sea transferido a la jurisdicción de adultos y dispone que el Procurador de Menores promueva la renuncia de jurisdicción en casos que lo ameriten, tras el debido proceso.
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El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Ángel Toledo López, defendió la medida señalando que “lo que hace es atemperar la ley de menores al Código Penal de Puerto Rico y no hace nada más”, enfatizando que la sociedad “está harta del delito” y reclama uniformidad en las penas.
En la misma línea, el portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, sostuvo que “esta medida lo que hace es atemperar la Ley con el Código Penal” y reclamó alternativas a quienes se oponen al proyecto.
En la misma sesión, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 36, que modifica la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico de 1963 para ajustarla al sistema de penas vigente.
Bajo la enmienda, la posesión de 10 unidades o menos se tipifica como delito menos grave con una multa mínima de $500; mientras que más de 10 unidades constituirá un delito grave con pena fija de tres años y una multa mínima de $5,000.
La exposición de motivos subraya que la ley vigente “aún no ha sido atemperada con el nuevo sistema de penas establecido en el Código Penal de 2012”, lo que ha creado un vacío legal y resultados inconsistentes en la aplicación de sanciones.