La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio luz verde al reglamento sometido por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para encaminar una revisión al Plan de Clasificación y Retribución Uniforme del gobierno central.
En una carta fechada el 27 de agosto de 2025, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, confirmó la aprobación de las normas propuestas por OATRH, que contemplan la implementación de un nuevo salario base en 2026.
En mayo pasado, la gobernadora Jenniffer González dijo a los empleados públicos en su Mensaje de Situación de Estado que quienes entendieron que “fue injusto el plan de retribución y clasificación que se aprobó en la pasada administración, quiero anunciarte que en el nuevo año fiscal contamos con $25 millones de dólares para darte un salario competitivo”.
Congelación de cambios hasta 2026
La comunicación establece que, hasta que entren en vigor las nuevas escalas, no se considerarán ajustes a las tablas salariales existentes ni la creación de nuevas clases de puestos de forma individual o fragmentada.
“El resultado será la implementación de un nuevo salario base en 2026, hasta cuando no habrá cambios a escalas salariales existentes ni se considerarán nuevas clasificaciones de puestos de forma fragmentada o individual”, puntualizó Mujica en la misiva dirigida al director ejecutivo de la OATRH, Facundo Di Mauro Vázquez.
La JSF aclaró que su revisión se limita a verificar la consistencia con el Plan Fiscal vigente, por lo que no constituye un análisis legal ni de cumplimiento con leyes laborales locales o federales. Además, cualquier modificación futura a las reglas deberá someterse nuevamente al organismo para su evaluación y aprobación.
El documento también advierte que la Junta no verificó de manera independiente la información provista por la OATRH y se reserva el derecho de reconsiderar su aval si surge evidencia de datos incorrectos o representaciones falsas.
La aprobación de la Junta allana el camino para que la OATRH continúe con el proceso de revisión, que debe culminar en la implementación de nuevas escalas salariales a partir de 2026, impactando a decenas de miles de empleados del gobierno central.