Es importante reflexionar sobre la reciente ley 89 del 2025. Esta ley tiene el propósito de “establecer de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos, otorgar la facultad para reglamentar y ampliar dichos derechos, y para otros fines relacionados”.
Una pregunta que debemos hacernos al analizar esta medida es cómo ayuda a mejorar la calidad de la educación pública; cómo permite una sociedad más justa, democrática y solidaria. La respuesta es clara y contundente: no ayuda en NADA. Entonces, ¿por qué la medida?
Son las expresiones de la senadora Joanne Rodríguez Veve la que nos revela la verdadera intención de esta ley: “Esto es lo que hay que hacer cuando un grupito pretende usar el Departamento de Educación para hacerle creer a tus hijos que hay niños con vulva, niñas con pene, hombres embarazados y personas que un día pueden ser hombre y otro día pueden ser mujer (supuesto “género fluido”), etc…”
Debemos preguntarnos dónde en la escuela pública se está enseñando eso que la senadora afirma. No hay ni pruebas ni evidencia de que eso es así. Ante la falta de evidencia la declaración de la senadora nos muestra la verdadera cara de esta ley: es una ley homofóbica y lo que busca y desea es invisibilizar a la comunidad LGBTTQI+ dentro del sistema escolar y la sociedad.
El asunto más preocupante es que deja a la niñez y a la adolescencia de nuestro país sin un conocimiento fundamental para prevenir uno de los males familiares en nuestra sociedad que es la violencia física y sexual no sólo en el hogar sino en cualquier instancia de la sociedad. Las estadísticas son claras la mayoría de la violencia sexual a nuestra niñez y adolescencia se da en el seno del hogar y la mayoría de las veces por un miembro de la familia, amigo o cercano (el 52% de los agresores sexuales son familiares y el 35% son conocidos, por la tanto el 85% de las agresiones sexuales ocurren en un entorno familiar). La educación sexual le provee a nuestra niñez, adolescencia y juventud herramientas para poder discernir sobre las intenciones de los adultos y poder tomar las decisiones para evitarlo cualquier tipo de agresión. Esta Ley afianza la visión patriarcal de nuestra sociedad. Este proyecto no protege a la niñez ni a la adolescencia. Al contrario, los pone en peligro.
Esta ley tiene un serio problema que pone en riesgo al magisterio. No hay una definición de lo que es sexualidad y afectividad. Existen diferentes definiciones y acercamientos sobre lo qué es, como se manifiesta y lo que significa. Es por eso que una definición es esencial para que los diversos agentes educativos puedan determinar la ruta a tomar. Supongo que no se podrá enseñar El Quijote en español, Romeo y Julieta en inglés ni anatomía humana en la clase de biología y tendremos que cancelar las clases de salud. Todas estas instancias tienen algún contenido de sexualidad y afectividad. Olvidamos que la sexualidad y la afectividad son elementos esenciales de la existencia humana. Ambas se expresan y se pueden expresar de diversas maneras. El censurar una de esas expresiones en la educación pública es una manera de condenarla a la exclusión y a la invisibilidad.
Otro elemento peligroso es que en última instancia este proyecto tiene la intención de debilitar y destruir la educación pública tal y como la conocemos. La educación pública no es solo dar conocimiento o promover el desarrollo intelectual de la niñez y la adolescencia. Tiene también el propósito de desarrollar una visión democrática e inclusiva de la sociedad. La escuela ayuda al estudiantado a conocer la diversidad existente en la sociedad y le permite aprender a manejar y enfrentar esa diversidad. Cuando un sector de la sociedad, sobre todo el religioso, decide que debe determinar que se debe o no enseñar en el salón de clase sobre un tema en particular pone en peligro una educación inclusiva y democrática. Además de que viola la separación de la iglesia y el estado y la educación laica tal y como la afirma nuestra Constitución.
Estemos claros en que la derecha religiosa y el fundamentalismo cristiano puertorriqueño ha decidido a quién ellos le brindaran servicios como funcionarios gubernamentales, imponer su idea de valores en la escuela pública y ahora quieren decidir qué y cómo se le debe enseñar a sus hijos e hijas. Estemos claros y claras que la intención de todas estas medidas no es mejor la calidad de vida en nuestro país ni velar por los mejores intereses de la ciudadanía sino imponer su forma de ver, entender y vivir la vida socavando nuestra fallida democracia.