Las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a mujeres, niñas cisgénero, transgénero y personas transfeminizadas en Puerto Rico atienden anualmente a más de 15,000 personas, según reveló un estudio titulado “Perfil e Impacto de las Organizaciones Comunitarias que Ofrecen Servicios a Mujeres y Niñas Cisgénero, Transgénero y Personas Trans Feminizadas en Puerto Rico” realizado por Estudios Técnicos, Inc.
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El informe constituye el primer acercamiento sistemático al perfil, impacto y costo-beneficio de estas entidades, que operan en áreas como la violencia de género, educación, salud, vivienda, justicia social y empoderamiento económico.
La investigación, dirigida por la directora del área de análisis y política social de Estudios Técnicos Anitza María Cox Marrero, recopiló datos a través de entrevistas, encuestas y análisis de costo-beneficio.
Según Cox, este trabajo se realizó “en un contexto muy particular donde estamos enfrentando una serie de retos que se han exacerbado”, lo que coloca presión adicional sobre las organizaciones.
El estudio identificó un universo de 59 organizaciones comunitarias que cumplen con la misión de atender a estas poblaciones, de las cuales 18 participaron en la encuesta. En promedio, estas entidades fueron establecidas en 2017 y cuentan con plantillas reducidas: apenas cinco empleados y nueve voluntarios en la mediana de casos.
Pese a la limitación de recursos, logran servir a alrededor de 15,000 personas por año, muchas veces en situaciones de emergencia, violencia o marginación social.
Entre las principales poblaciones atendidas se encuentran mujeres bajo el nivel de pobreza, sobrevivientes de violencia de género (100 %), población LGBTTQI+ (92.3 %), mujeres de zonas rurales (92.3 %) y la comunidad en general (84.6 %).
Un promedio del 61.1 % de las personas servidas son mujeres cisgénero mayores de 18 años y el 16.4 % son niñas cisgénero menores de 18 años. El 50 % de las entidades ofrecen servicios tanto a mujeres y niñas cis y trans, como a personas trans feminizadas. Las subpoblaciones más atendidas incluyen mujeres bajo el nivel de pobreza y víctimas de violencia de género (100%), población
LGBTTQI+ (92.3 %), mujeres de zonas rurales (92.3 %) y la comunidad en general (84.6 %). Además, la mitad de las organizaciones también brinda servicios a niños, hombres y personas trans masculinizadas, de las cuales el 77.8 % atiende específicamente a hombres y personas trans masculinizadas.
Las necesidades que enfrentan son múltiples y transversales. Cox explicó que entre las debilidades señaladas por las lideresas entrevistadas destacaron las limitaciones de espacio físico, el acceso restringido a fondos administrativos, la insuficiencia de recursos humanos y la alta rotación de personal por falta de salarios competitivos.
“Las lideresas mencionaron la necesidad de asistencia técnica en áreas de manejo administrativo y fiscal, integración estratégica, mentoría y otros temas vinculados a la administración de la organización”, sostuvo Cox Marrero.
La carga de trabajo también representa un reto. Según Cox Marrero, las entrevistadas plantearon que “mil personas experimentan la quemazón y pues es mucho trabajo para poco tiempo”.
Este desgaste se suma a los problemas de financiamiento, del cual un 55.6 % de las organizaciones reportó insuficiencia de fondos y la necesidad de diversificar sus fuentes, mientras que más de un 60 % enfrentó en el último año la reducción de ingresos para sostener servicios o personal.
El análisis económico realizado en el marco de la investigación evidenció que estas entidades no solo aportan un impacto social, sino también un ahorro sustancial al Estado.
“Por cada dólar invertido, el costo evitado al Estado es de tres dólares con 28 centavos, mientras que en programas de capacitación, por cada dólar invertido el costo evitado al Estado es de cuatro dólares con un centavo”, señaló Cox Marrero.
De hecho, las historias de vida recogidas en la investigación ilustran ese impacto. Mujeres y personas transfeminizadas relataron cómo encontraron en estas organizaciones espacios libres de prejuicios, donde recibieron acompañamiento psicológico, capacitación técnica e incluso albergue en situaciones de violencia.
En su exposición, Cox subrayó una cita de una de las personas entrevistadas: “Somos las que damos la cara, ¿qué sería de Puerto Rico si dejamos de dar servicio?”, expresó.
Resaltó, además, que apoyar a estas entidades representa no solo un deber de justicia social, sino también “una estrategia costo-efectiva para el desarrollo sostenible del país”, concluyó.